No okupan por necesidad ni por encontrarse en una situación de desamparo. Lo suyo es un auténtico negocio: entran en viviendas vacías y piden una suerte de rescate a los dueños para marcharse. Y lo peor es que hay poco que los legítimos propios propietarios puedan hacer: se amparan en la legislación y utilizan los resortes del derecho a la vivienda para funcionar.
Estas bandas encuentran en las trampas de la ley y en la lentitud del proceso judicial su forma de extorsión. El tiempo que un juez tarda en determinar si se trata de un caso de usurpación de vivienda puede prolongarse durante meses y se alarga todavía más si el proceso va por la vía penal. La ley es clara en este sentido: si hay un cambio de cerradura no puedes entrar porque el acceso a esa vivienda es inviolable.
Es más, si el propietario accede a su domicilio incurriría en un allanamiento de morada, y si cortase los suministros de agua y luz, en un delito de acoso inmobiliario.
Además, según desvela El País, la policía, a menos que les pille in fraganti forzando la cerradura, no puede hacer nada: se acercan al lugar, certifican que viven ahí y, en ocasiones, incluso recomiendan negociar a los propietarios.Desde 300 a varios miles de euros
Por otro lado, según fuente consultadas por lainformación.com, los rescates pueden ir desde 300 euros a varios miles de euros, en función de la zona y el poder adquisitivo del dueño.
El fenómeno se da en toda España, pero Cataluña se ha convertido en el epicentro de estas prácticas. El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad de Cataluña, Joan Ollé, cree que es una “cuestión altamente preocupante”. “Ha crecido enormemente. Cada año hay alrededor de un 15% más, y siempre en casos que no son por necesidad, sino para extorsionar a los propietarios. Esto ya está protocolizado, tienen sus abogados, saben qué tipo de casas les conviene ocupar, quiénes son los propietarios… Al final el dueño no tiene derechos, se va de vacaciones, se encuentra la casa ocupada y tiene que demostrar que es suya”, señala a El País.
Consecuencia del aumento de casos, han comenzado a aparecer empresas privadas que intermedian con estos ocupas. Es el caso de Desokupa, una compañía especializada en negociar con este tipo de bandas y que logra convencerles, previo pago de una suma, de que abandonen las viviendas.
A pesar de las críticas que reciben este tipo de empresas, estas aseguran que se encuentran dentro de la legalidad y que reciben el apoyo de quienes realmente sufren este problema: los vecinos.El Parlament cuestiona su legalidadEn noviembre del año pasado, la Comisión de Interior del Parlament aprobó por unanimidad pedir a las autoridades competentes permanecer atentas e investigar si es necesario sobre si la empresa especializada en desalojos 'Desokupa' ha podido lesionar derechos y libertades en sus actuaciones y si podría constituir una asociación ilícita.La propuesta de resolución también "denunciaba los vínculos de 'Desokupa' con la extrema derecha y con organizaciones paramilitares de extrema derecha".Los grupos parlamentarios instaronademás a los Mossos d'Esquadra a continuar llevando a cabo todas las actividades necesarias para asegurar que la actuación de 'Desokupa' se ajusta "a la normativa penal y administrativa de referencia".
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