Puigdemont quiere que la Justicia le encarcele y convertirse en mártir

Todo lo que hace la Generalitat respecto al la pretendida independencia es de cartón piedra, tiene apariencia de legalidad pero es todo lo contrario. Y aunque ellos lo saben, siguen avanzando como si fueran suecos, ignorando y sorteando todas las prohibiciones e impedimentos legales. La clave argumental de este

thriller secesionista con mucha tensión política no resuelta, está en el desenlace al que asistiremos en breve: ¿Se aplicará el artículo 155 de la Constitución? ¿Entrará en acción la Guardia Civil, o lo harán los Mossos? ¿Habrá algún detenido por orden del juez? Todas estas cuestiones y alguna más quedarán resueltas antes de la fecha tótem del 1 de octubre.

Todo apunta a que días antes el Parlamento nacional aprobará por mayoría unas medidas extraordinarias para evitar que las urnas salgan a la calle. “Votarem!, Votarem!”, gritaba el pasado jueves el público que llenaba la plaza de toros de Tarragona, en el mitin no autorizado que marcaba el inicio de la campaña electoral del falso referéndum. Miles de personas coreando la ilegalidad y toreando la prohibición de un juez, pero todo ello con aires de fiesta y buen rollo.

Incluso cuando salió Carles Puigdemont a escena, sin quitarse el traje de presidentde la Generalitat, y aspirante a la futura República, se vivió un momento de alta tensión al oír sus provocadoras palabras: “¿Alguien cree que no votaremos? ¿Pero que tipo de gente se cree que somos?”, dijo con ironía.

Dos preguntas retóricas para una sola respuesta verdadera: Puigdemont prefiere ir a la cárcel, a poder ser esposado, antes que enfrentarse a los cientos de miles de catalanes independentistas para decirles que sintiéndolo mucho todo lo vivido y soñado hasta ahora era un cuento chino. Como él mismo ha confesado en círculos íntimos, es mejor ser un mártir de la patria catalana, a que te maten tus propios paisanos cuando descubran que les has engañado durante años.

Otra cosa bien distinta es la vida y el futuro de Oriol Junqueras. El vicepresidente y líder de ERC es un maestro en nadar y guardar la ropa. Su estrategia es seguir la corriente independentista pero evitando caer en la casilla de la inhabilitación para poder lograr su gran objetivo: ser el próximo presidente de la Generalitat. Por eso se cuida mucho de protagonizar determinados actos y de firmar determinadas órdenes.

A pesar de su buen tamaño, Junqueras siempre se parapeta detrás de Puigdemont para escurrir el bulto de la responsabilidad legal. Está claro que el chivo expiatorio de todo este lío es Carles Puigdemont. Periodista de vocación y político circunstancial ha llegado a lo más alto por la puerta de atrás, sustituyendo a Artur Mas a petición de la CUP, pero quiere salir de la escena –ha anunciado que se retira de la política cuando acabe el procès- por la puerta grande acompañado de la Guardia Civil y siendo el protomártir de esta intentona independentista. En ello pone todo su empeño.

Que le inhabilite la Justicia española le importa poco, es más, lo prefiere, sueña con pasar a los libros de Historia como el president que lo desobedeció todo para poder proclamar la República catalana. Además, está convencido de que esa detención le vendría muy bien a su partido -PDeCAT- para aumentar su apoyo electoral, que peligra enormemente.

Y es que mientras se avanza hacia esa quimérica independencia, los políticos miran de reojo a las futuras elecciones autonómicas, verdadera meta final de este embrollo. Su estrategia no es sólo secesionista, sino también electoralista. La alcaldesa de L’Hospitalet, segunda ciudad de Cataluña en habitantes, Nuria

Marín, lo dijo claramente: “Esa presión a los alcaldes para que apoyen el referéndum no es necesaria”. Y no lo es, porque la Generalitat tiene locales suficientes y controla numerosas escuelas públicas para no depender de la decisión de los alcaldes. Si acosa a los ediles es por otras razones.

Pero entonces, ¿por qué Puigdemont pide a los ciudadanos que presionen e incluso hostiguen a sus alcaldes para que puedan votar el 1-0? Por dos razones utilitaristas. La primera, para caldear el ambiente y generar más tensión social, que siempre viene bien de cara a presionar al Estado y que éste quede ante la opinión pública como el malo de la película. Y segundo, porque la campaña electoral de la elecciones autonómicas ya ha empezado y los alcaldes han de retratarse ante el ilegal acto del primero de octubre.

Como la mayoría de los alcaldes que no están dispuestos a ceder instalaciones son socialistas -350 municipios-, el PSC quedará como un partido que está en contra de la independencia, y alineado a las tesis de Madrid. Y eso le puede pasar factura en unas futuras elecciones.

El mayor problema es que Cataluña está fracturada en dos partes, tanto es así que muchas familias han dejado de reunirse y hablarse por sus diferencias políticas. En este río tenso y revuelto, están los independentista, los más activos y autoproclamados como los buenos; y están los otros catalanes, la mayoría silenciosa que defiende la legalidad y la Constitución española, convertidos en enemigos del pueblo por los propios políticos catalanes y por algunos medios de comunicación, que son alimentados con innumerables subvenciones.

A pesar de que todo el mundo se tiene por inteligente y razonable, siempre es más fácil, en estas situaciones límite, convencer a la masa de que lo nuevo encierra más ventajas, incluido un futuro maravilloso y esplendoroso, aunque nadie lo demuestre de manera real y fehaciente; mientras que los que abogan por el continuismo y por buscar soluciones pactistas dentro de la Ley son inmovilistas y opresores.

Está claro que esta historia ya no puede tener un final feliz. Ya no hay tiempo y se han cometido demasiados errores graves. El único final posible lo lleva Puigdemont escrito en su cara: por favor, que me detenga la guardia Civil para convertirme en el protomártir del independentismo catalán y pueda seguir paseando por mi pueblo y comiéndome mis buenas botifarras amb mongetes.