Los firmantes han denunciado que las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para celebrar la segunda fase del referéndum revocatorio "violan los principios democráticos y de participación y, por tal motivo, es inconstitucional cumplir lo dispuesto por el CNE".
Estas formaciones han centrado su crítica al CNE en "su negativa a realizar el referéndum en 2016, a pesar de que, cuando le ha convenido, el CNE ha hecho elecciones más complejas en mucho menos tiempo, en poco más de un mes".
"Manifestamos con toda claridad que no aceptamos el referéndum en 2017" porque "sería un mecanismo de reciclaje y relegitimación", y "tenemos conciencia de que si no hay referéndum en 2016, el Gobierno tendrá más posibilidades de impedirlo en 2017", han declarado.
Asimismo, han reprochado al CNE que obligue a la MUD a recabar las firmas y las huellas dactilares del 20 por ciento del electorado venezolano en cada estado, cuando, según sostienen, el porcentaje debería aplicarse al censo nacional.
También le han criticado que coloque "apenas 5.392 máquinas, insuficientes para el ejercicio del derecho constitucional de más de 19 millones de ciudadanos, cuando hace un par de años colocaron 8.384 para una elección interna de delegados del PSUV".
Todo ello "constituye una clara ruptura del orden constitucional", de modo que la MUD no debería aceptar estas condiciones --han sostenido--, sino, por el contrario, "ir a la ofensiva y exigir al Gobierno el cumplimiento de las leyes de la República".
Esta "ofensiva" consiste en "convocar a la calle y ejercer el legítimo derecho a la protesta cívica en defensa de las garantías democráticas", pero también en recabar el apoyo de las instituciones venezolanas, especialmente de la Asamblea Nacional y las Fuerzas Armadas.
Así, han pedido al Parlamento "la inmediata destitución de los miembros del CNE que han violado la Constitución" y "que arbitre los mecanismos constitucionales para la destitución de Nicolás Maduro, si persiste el empeño del CNE de impedir el referéndum revocatorio".
En cuanto a los militares, los firmantes les han pedido que no sigan dando la espalda a la crisis en Venezuela y que "den los pasos para impedir que se les use como instrumento en contra de los intereses ciudadanos".
"Ratificamos que seguiremos acompañando al pueblo en su justa lucha democrática para lograr el necesario cambio que aspira la familia venezolana para salir en unidad de esta grave crisis económica, política, social y moral", han concluido.
REFERÉNDUM REVOCATORIO
El pasado 1 de agosto el CNE anunció, después de varios meses de espera, que, de las 400.000 firmas entregadas por la MUD para activar el revocatorio, el 98 por ciento son válidas, --frente a las 200.000 necesarias--, por lo que dio por concluida la primera etapa.
El CNE ha apuntado al 26, 27 y 28 de octubre como fecha para la segunda fase, en la que la MUD debe recabar las firmas y huellas dactilares del 20 por ciento de los votantes registrados --unos cuatro millones de venezolanos-- en el plazo máximo de tres días.
Transcurrido el plazo de tres días, el CNE tiene otros 15 para autenticar los apoyos o rechazarlos, como ya hizo en 2004 con el referéndum revocatorio que se planteó entonces contra el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez.
Si el CNE da su 'placet', debe convocar el revocatorio en los 90 días siguientes. Para que el mandato presidencial llegue a su fin deben votar a favor un número igual o superior de electores a los que apoyaron la elección, en el caso de Maduro 7,5 millones, con una participación mínima del 25 por ciento, unos 4,8 millones.
La MUD ha protagonizado multitudinarias protestas para aumentar la presión sobre el CNE porque si el referéndum se convoca después del 10 de enero de 2017, aunque Maduro sea cesado en las urnas no habrá elecciones anticipadas, sino que el vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, gobernará hasta 2019.
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