Rechazado el recurso de Funespaña contra el requerimiento del Ayuntamiento por déficit estructural en cementerios

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal expone la inadmisión del recurso presentado por "falta de legitimación activa" que "resulta evidente" pues la mercantil no figura como "directamente interesada" en el procedimiento administrativo, pues quien consta como interesada es la Empresa de Servicios Funerarios.

A lo anterior, según expone la sentencia, no obsta el hecho de que la sociedad demandante fuera titular del 49 por ciento del capital social de la mencionada empresa.

Un informe sobre el estado de conservación de los cementerios concluía que eran necesarias obras en todos estos recintos por valor de casi 24 millones de euros y que las instalaciones presentaban un déficit estructural.

El documento exponía que la Empresa Mixta de Servicios Funerarios no atendió de manera satisfactoria la responsabilidad de conservación de los doce cementerios y dos tanatorios que explotaba. La empresa ha sido ya remunicipalizada por el Consistorio.

Entre sus conclusiones, exponía que cerca de 16 millones de euros eran necesarios para las reparaciones en el cementerio de La Almudena; casi 4 millones en el caso del de Carabanchel; cantidades cercanas al medio millón en el caso de los camposantos de Villaverde y El Pardo Mingorrubio y así hasta los 23.804.561,66 euros.

Al respecto, el Área de Salud, Seguridad y Emergencias dispuso un requerimiento en abril a la entonces Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid para que acometiera las actuaciones necesarias para que las instalaciones se encontraran en estado óptimo en el momento de la reversión de la concesión.

En octubre, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid desestimó las medidas cautelares contra la empresa funeraria solicitadas por el que fuera el socio privado de la sociedad mixta, Funespaña.

La demanda fue interpuesta inmediatamente antes de la remunicipalización de la empresa, que tuvo lugar el pasado 16 de septiembre. Pretendía impugnar un acuerdo del consejo de administración de la entonces empresa mixta, adoptado en febrero de este año, que aceptaba "en todos sus términos" un informe técnico sobre el estado de los cementerios madrileños.