El Poder Judicial aprobó en la noche del viernes la solicitud de la Fiscalía para el allanamiento de la finca que tiene el expresidente en la urbanización Camacho del distrito de La Molina, en Lima. El objetivo era obtener pruebas sobre los delitos de los que está acusado Toledo.
El fiscal Hamilton Castro, encargado del registro, no ha querido hacer declaraciones tras salir del domicilio de Toledo con dos cajas llenas de documentación. En la intervención participó también la Policía de la Dirección contra el Crimen Organizado, que apoyó en las tareas del Ministerio Público.
Alejandro Toledo está acusado de haber recibido 20 millones de dólares de la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla en la licitación de la carretera Interoceánica. Todo este dinero habría sido canalizado hacia las cuentas del empresario israelí Josef Maiman, amigo del expresidente, a través de sus empresas en paraísos fiscales.
Una vez analizada la información incautada, lo más probable es que Castro solicite la extradición y la orden de captura internacional contra el expresidente.
CASO ODEBRECHT
Odebrecht y su filial petroquímica, Braskem, llegaron el pasado diciembre a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el cual admiten el pago de sobornos a funcionarios de doce países para conseguir contratos públicos. Ambas compañías se han comprometido a pagar conjuntamente una multa de 3.500 millones de dólares a cambio de que se retiren los cargos en Estados Unidos, Suiza y Brasil.
Este acuerdo se enmarca en las investigaciones estadounidenses por el caso 'Lava Jato', en el que las autoridades brasileñas indagan en una red de pago y cobro de sobornos a políticos de distinto signo para lograr contratos de la petrolera estatal, Petrobras.
Odebrecht ha reconocido el pagó más de 2.000 millones de dólares en sobornos a funcionarios y políticos brasileños y otros 439 millones de dólares en otros países de la región. En el caso de Perú ha reconocido pagos por 29 millones de dólares.
La Fiscalía de Perú y Odebrecht han firmado un acuerdo preliminar que compromete a la empresa constructora a devolver inicialmente 8,9 millones de dólares de las ganancias ilícitas obtenidas en el país y brindar información "relevante" para identificar a los funcionarios implicados.
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