Así lo ha resaltado la consejera en la apertura del encuentro sobre dicha normativa organizado por la Universidad de Granada, con motivo de la celebración, el 21 de marzo, del Día Mundial de Trabajo Social.
En el encuentro 'Promoviendo comunidades y entornos sostenibles', María José Sánchez Rubio ha subrayado, en presencia de la rectora de la UGR, Pilar Aranda, el alcance de la norma "pionera en España", que asegura la atención a todas las personas y el derecho a una vida digna "en especial y de forma urgente" de aquellas que están en situación de abandono y exclusión social y a las que tienen "necesidades severas".
Es una norma "que diseña desde el presente y la previsión el sistema que encontraremos en el futuro", ha asegurado la titular andaluza de Políticas Sociales que ha resaltado en este contexto el "papel primordial" que desempeña el trabajador social como profesional de referencia del sector, en la prestación de unos servicios públicos de carácter universal, y que se configuran como el primer nivel de referencia para la atención de las necesidades, la planificación, la intervención, tratamiento, seguimiento, evaluación de la atención y coordinación junto con otros agentes institucionales del sistema público de Servicios Sociales de Andalucía.
María José Sánchez Rubio ha calificado la ley como "una norma de tercera generación", que consagra derechos subjetivos y que incluye herramientas de "gran calado" como la historia social única digitalizada y una tarjeta social universal.
Siguiendo el lema del encuentro, la consejera ha destacado que la Junta de Andalucía coincide con las directrices de Naciones Unidas en su lucha por una "sostenibilidad social, y consideramos que el territorio debe ofrecer las capacidades necesarias para que las poblaciones se desarrollen y para ello hay que llevar a cabo una planificación urbanística inclusiva, garantizando una serie de servicios que permitan la equidad social, también la sostenibilidad ambiental, la preservación patrimonial y una política energética adecuada".
Sánchez Rubio ha reflexionado sobre cómo las ciudades han dejado de ser "espacios integradores y tierra de oportunidades" para convertirse en lugares que propician "la exclusión social y económica y la segregación espacial" siendo "una realidad que debemos transformar para hacer las ciudades más prósperas y que ayuden a acabar con la pobreza, la exclusión y las desigualdades".
En este sentido, ha recordado que Gobierno andaluz ha adoptado una estrategia de intervención en zonas desfavorecidas, que ya se está desarrollando y cuyo objetivo es la elaboración de un nuevo mapa de estas áreas y actualizar las formas de intervención en las mismas.
El proyecto está financiado por el Fondo Social Europeo con algo más de 169,3 millones de euros en el marco 2016-2020, con el fin de "mejorar la inserción socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social".
Igualmente ha destacado el Pacto Andaluz por la Accesibilidad dirigido a desarrollar ciudades accesibles para las personas con discapacidad, y al que ya se han adherido 191 municipios de Andalucía.
La consejera ha hecho hincapié en que todas estas prestaciones se reforzarán con la ley porque "se trata de una norma para la igualdad que consolida el principio de universalidad en el acceso a los servicios sociales"; contempla en su memoria económica una inversión anual de cerca de 1.900 millones de euros.
Antes de concluir, Sánchez Rubio ha expuesto algunos datos del sector que está integrado por más de 30.000 profesionales que atienden anualmente, a través de los Servicios Sociales Comunitarios, a cerca de un millón de personas --más de 97.400 personas en la provincia de Granada atendidas por unos 3.800 profesionales.
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