Sánchez Zaplana defiende que su equipo hizo un trabajo "muy serio" para dar "un marco jurídico estable" a residencias

Sánchez Zaplana defiende que su equipo hizo un trabajo "muy serio" para dar "un marco jurídico estable" a residencias
Sánchez Zaplana defiende que su equipo hizo un trabajo "muy serio" para dar "un marco jurídico estable" a residencias
EUROPA PRESS
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Sánchez Zaplana se ha pronunciado en estos términos en la comisión de investigación de las Corts que estudia el proceso de adjudicación de las plazas de residencias de accesibilidad para las personas dependientes en los centros del grupo Savia.

A preguntas de los diputados, la extitular de Bienestar Social, que comenzó en la Generalitat a finales de 2012, ha explicado que en octubre de 2013 empezó un nuevo expediente para la adjudicación de 2.800 plazas, del segundo tercio de accesibilidad social.

No obstante, ha indicado que la Abogacía de la Generalitat emitió un informe que establecía que, por la Ley de Apoyo a los Emprendedores de 2013 --que prohíbe discriminar a favor de contratistas previos--, "era inviable jurídicamente el procedimiento de adjudicación del segundo tercio".

Sin embargo, tampoco se podía licitar mediante procedimiento abierto porque "hasta que no se derogara expresamente seguía en vigor la exclusividad". Por tanto, el Consell inició la revisión de oficio y pidió el informe "preceptivo y vinculante" del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que estableció que "no había nulidad y la cláusula de exclusividad era correcta", pero "no se podía utilizar para procedimientos futuros".

INFORME "CONTAMINADO"

La diputada de Compromís Mónica Álvaro ha advertido de que este informe del CJC estaba "contaminado" porque ha asegurado que el ponente del texto, Enrique Fliquete, "había estado asesorando a empresas de accesibilidad". "No creo que entre las decisiones que yo podía tomar estuviera cuestionar un informe del CJC", ha respondido la exconsellera.

También a preguntas de Mónica Álvaro, Sánchez Zaplana ha negado haber mantenido reuniones con el empresario Vicente Cotino y "mucho menos" con Enrique Ortiz.

Desde Podemos, César Jiménez ha inquirido a la exconsellera por si conocía "la relación de Cotino con Savia, vinculada a Sedesa". La compareciente ha respondido: "Yo ni conozco ni dejo de conocer ninguna vinculación. Yo entro y me pongo a trabajar con un equipo, dentro de un marco jurídico estable".

Por su parte, el diputado de Ciudadanos David de Miguel ha preguntado si el Consell empezó a "explorar otras posibilidades" al 'modelo Cotino' por "la presión de los medios de comunicación". "La presión del trabajo y del servicio a los usuarios nos ha movido siempre", ha contestado al respecto Asunción Sánchez Zaplana.

Durante su intervención, ha hecho hincapié en que hasta el informe de la Abogacía de la Generalitat posterior a la Ley de Apoyo a los Emprendedores "nadie había hecho en la Conselleria un informe que dijera que se estaba haciendo algo irregular".

La socialista Concha Andrés ha denunciado que ya en 2007 una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) "ya cuestionaba la validez de la cláusula de exclusividad".

"PARA QUE SE HICIERA TODO PERFECTO"

Al respecto, Sánchez Zaplana ha hecho hincapié en que fue su equipo el que inició la revisión de oficio. "No nos quedamos parados en ningún momento", ha señalado, y ha añadido que "se pidieron todos los informes preceptivos y vinculantes. No dejamos de pedir ninguna información, toda la que hacia falta para que nunca hubiera que haber una comisión como ésta y para que se hiciera todo perfecto". "Para tener un expediente completo e instar al acuerdo marco el 6 marzo de 2015", ha subrayado.

Ha explicado que optaron por un acuerdo marco "porque para nosotros era el modelo de gestión que aseguraba igualdad de trato para todas personas mayores, libertad de elección del usuario, mayor numero de operadores y un período de estabilidad, por eso el precio de licitación era tan alto: 232 millones de euros, con siete lotes distribuidos de una manera bastante estudiada por los técnicos en toda la Comunitat".

Por su parte, la 'popular' María José Català ha criticado que la actual titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, "no ha publicado el pliego para las nuevas plazas residenciales.

La extitular de Bienestar Social ha explicado que cuando dejó la Conselleria en junio de 2015 "ya estaba todo el procedimiento en marcha" para 3.108 nuevas plazas. "Desconozco porque este sistema no ha continuado", ha manifestado, y ha resaltado: "Supongo que el sector sigue adoleciendo de gran inestabilidad".

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