Sanz asegura que el conflicto por licencias de VTC se remonta a la Ley Ómnibus, aprobada en el mandato de Zapatero

Según ha explicado Sanz, tras la entrada en vigor de la citada Ley Ómnibus y al amparo de la misma, aprobada bajo el impulso de un Gobierno socialista, "muchos propietarios de licencias de vehículos con conductor recurrieron ante la justicia la relación de licencias establecida por considerar que vulneraba la ley de libre competencia".

Durante esos años, es decir, entre 2009 y 2013, los tribunales fueron resolviendo los procedimientos judiciales y muchos de ellos fallaron a favor de los demandantes, que obtuvieron su licencia VTC por vía judicial.

Por tanto, "todas las licencias que exceden el número legal establecido de 1/30 son fruto de resoluciones judiciales amparadas por una ley socialista", ha explicado el delegado del Gobierno a través de un comunicado. A su juicio, "o bien el consejero de Fomento no sabe de lo que habla o está criticando una ley aprobada por su propio partido" y que "creó una situación que el Gobierno de Rajoy está ahora tratando de enmendar".

Sanz se ha referido así a unas declaraciones del consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, donde señalaba al Gobierno como "único responsable" frente al conflicto entre taxis y VTC.

Sanz ha dicho, a este respecto, que en 2013, año en el que comienzan a dictarse las primeras sentencias, que suponen un incremento significativo del número de licencias VTC, "el Gobierno de Mariano Rajoy decidió actuar para blindar los requisitos necesarios para acceder a una licencia de este tipo". Así, la nueva regulación de 2013 "solucionó el problema de la inseguridad jurídica, evitando que prosperasen los recursos para obtener licencias por la vía judicial presentados a partir de entonces".

En resumen, según el delegado, "el Gobierno está poniendo todo su esfuerzo" para resolver los problemas generados por el Ejecutivo de Zapatero, primero modificando la ley para anular el daño que en el sector del taxi causó la Ley Ómnibus y también negociando con todas las partes y facilitando los recursos necesarios para que las comunidades, que tienen la competencia para modificar y para controlar las licencias VTC, puedan establecer controles más eficaces y detectar los posibles fraudes.