En declaraciones a los periodistas en Sevilla tras informar sobre el dispositivo especial preparado por la DGT para este fin de semana con motivo de la Operación Salida de vacaciones, Sanz ha señalado que "no es una novedad" porque estas personas "ya han ido a declarar hace tiempo", por lo que "era una situación conocida y no tengo nada más que decir", ha zanjado.
"A partir de ahí, no tengo más datos", ha señalado Sanz en referencia al atestado elaborado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Huelva, que implica a la ex secretaria general de Empleo Carmen de Miguel y a la exdirectora de Trabajo Soledad Córdova por las ayudas concedidas en 2003 a los trabajadores de diversas compañías mineras de la Faja Pirítica de Huelva.
De este modo, y según publica en su edición de este jueves 'Diario de Sevilla', los investigadores consideran que ambos ex altos cargos cometieron presuntamente un delito de prevaricación en concurso con otro delito de malversación de caudales públicos, "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones".
El acuerdo de colaboración para la crisis de la Faja Pirítica se firmó el 27 de febrero del 2002 entre el entonces delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado, y el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, y en septiembre del mismo año se firmó el acuerdo marco que daba solución a los mineros afectados.
Desde ese momento se produce, según los investigadores, un "clima de impaciencia" por parte de los sindicatos que se va traduciendo a su vez en un "clima de inestabilidad social que provoca que las dos administraciones involucradas comiencen a reprocharse mutuamente el por qué las ayudas previstas no se estuvieran entregando según lo acordado".
Según el atestado, de 325 ayudas sociolaborales que otorgó el Ministerio de Trabajo, en 51 de ellas no se cumplía el requisito de los 55 años "bonificados".
En total, la Guardia Civil ha imputado a 267 personas en este atestado, entre ellas los dos ex altos cargos del Ministerio de Trabajo y otros 18 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, intermediarios de las pólizas y sindicalistas, así como otras nueve personas que habían sido imputadas con anterioridad.
En la lista de imputados figuran los exconsejeros José Antonio Viera y Antonio Fernández; tres ex directores generales de Trabajo; el ex secretario general de UGT-A Manuel Pastrana y el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, como vicepresidente de la asociación Faja Pirítica.
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