El Tribunal Constitucional, en una sentencia adoptada por unanimidad, a estimado parcialmente el recurso presentado por el PSOE y declara inconstitucionales las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos por considerar que dichos gravámenes, aprobados en noviembre de 2012, vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva.
Para el Sisej la anulación de los artículos 7.1 y 7.2 de la Ley 10/2012 de tasas judiciales "es una buena noticia para la ciudadanía y el sistema judicial" y ha recalacado, en un comunicado, que la derogación de esta normativa hace "obvio" el "fracaso social, político y de gestión".
Sin embargo, el sindicato ha insistido en que esta cuestión relacionada con las tasas judiciales no se basa "únicamente de cuantía excesiva", sino en que se "levanten barreras o límites" al acceso a la justicia.
Por ello, ha rechazado la "concepción mercantilista" que ha tenido la Administración de Justicia y ha solicitado que se impulsen mecanismo de revisión y reparación de las "lesiones" que se han causado a la tutela judicial durante los años que han estado vigente estas tasas.
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