El texto, que sale del Parlamento para su publicación en el BOE, ha sido aprobado con el apoyo de PP, PSOE, Podemos y varios senadores del Grupo Mixto, como los de Ciudadanos, Nueva Canarias, UPN y Foro de Asturias. CDC, PNV y Compromís han votado en contra mientras que Bildu se ha abstenido.
La norma es en realidad la transposición al ordenamiento español de una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de 2014, que modifica otra anterior. Como no ha incorporado ninguna enmienda a su paso por la Cámara Alta respecto al texto aprobado por el Congreso, termina su trámite parlamentario y entrará en vigor tras su publicación.
La directiva incorporada ahora, a diferencia de las anteriores, carece de un anexo en el que se categoricen los bienes y destaca la inclusión del sistema de información del Mercado Interior (IMI), sobre el que
se indica que un módulo especial específicamente diseñado para bienes culturales habrá de ponerse en práctica con vistas a una mejor y más uniforme aplicación de la Directiva.
Se incorpora, asimismo, la designación de una Autoridad Central. Se amplía, por otra parte, el plazo para verificar si el bien cultural descubierto en otro Estado miembro constituye un bien en el sentido descrito en la Directiva, que pasa a ser de seis meses.
De idéntico modo, el plazo para ejercer la acción de restitución se amplía de un año a tres años a partir de la fecha en la que el Estado miembro de cuyo territorio salió de forma ilegal el bien cultural tuvo conocimiento del lugar en el que se encontraba el bien y de la identidad de su poseedor o tenedor. Por último, se solicita una mención específica a "otras instituciones religiosas", se establecen unas directrices para la determinación de la existencia o no de diligencia debida, y se aumentan los plazos para remitir el informe pertinente a la Comisión Europea.
La ley que transpone la directiva regula la acción de restitución, la remisión de los trámites para su ejercicio a las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre los juicios verbales, las reglas sobre legitimación activa y pasiva, los especiales requisitos de admisión de la
demanda y del contenido de la sentencia que recaiga y, finalmente, unas reglas especiales sobre la indemnización equitativa que eventualmente hubiera de satisfacerse.
Asimismo, la ley contiene la alusión al sistema de información del mercado interior (IMI) y se hace eco de cuantas modificaciones de plazo prescribe la Directiva. "Señorías, tengo la satisfacción de presentar el primer proyecto de ley que se tramita en esta legislatura, lo que demuestra que a veces la cultura no es lo más importante, pero en este caso sí ha sido lo más urgente o, por lo menos, ha sido lo primero en llegar", ha dicho durante el debate el senador del PP Alberto Gutiérrez Alberca.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios