Según Ribó, se trata de medidas que pueden ser manifiestamente contrarias a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y el Estatut, y también en los tratados internacionales ratificados por España, ha indicado el Síndic este sábado en un comunicado.
Las misivas señalan que cuestiones relativas a la autodeterminación o a la secesión tienen que poderse resolver mediante el diálogo pacífico que respete el Estado de derecho y los Derechos Humanos, e instan a las instituciones implicadas a abordar inmediatamente la situación.
Entre los ejemplos de esas vulneraciones, cita la prohibición cautelar de un acto sobre el derecho a decidir en Madrid, la "aparente prohibición" a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) de informar sobre la votación y sus preparativos, y las diligencias de investigación abiertas a más de 700 alcaldes catalanes, que contemplan su detención en caso de incomparecencia ante el juzgado.
El Síndic se ha comprometido a continuar analizando las actuaciones de las autoridades públicas en Catalunya y a tramitar cualquier queja o consulta, llevándolas a instancias europeas si lo cree oportuno.
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