En declaraciones a Europa Press, ha explicado que ha visto al periodista tranquilo tras la sorpresa que le supuso la detención en el Aeropuerto de Barcelona el 3 de agosto, tras pasar sin problemas por Italia y Grecia, ya que, aunque sabía que tenía una orden de detención, "daba por hecho que los países democráticos no harían caso".
Yalçin, que vivía en Suecia desde que llegó allí como refugiado hace tres décadas, prevé recibir la tarde de este jueves la visita de un representante de la Embajada de Suecia --tiene doble nacionalidad--, según Saura, que ha añadido que está en una celda individual, en la zona de ingresos doinde hay pocos internos, y se mantiene comunicado con su familia y abogados.
El periodista fue detenido a raíz de una orden de búsqueda y captura de la Interpol a instancias de las autoridades de Turquía por un supuesto delito de insultos al presidente y vínculos con el terrorismo.
La Audiencia Nacional está a la espera de que Turquía envíe la información para la posible extradición --tiene hasta el 11 de septiembre--, que deberá aportar pruebas sobre los delitos de que se le acusa, demostrar que existen en España con penas similares y garantizar que se le hará un juicio justo.
Saura augura que este requisito de doble incriminación no podrá demostrarse, ya que los insultos al presidente no son delito en el Estado, y los pretendidos vínculos con grupos terroristas no se han explicado mucho: "Básicamente, ha sido crítico con el Gobierno", y en Turquía no existe garantía de un juicio justo, ha dicho.
"Quien tiene la última palabra es el Gobierno español", y hay antecedentes de extradiciones que se han evitado, por lo que ha pedido la intervención del Ejecutivo para que valore las circunstancias y evite que permanezca encarcelado, teniendo también en cuenta que es refugiado, y hable con Suecia si hace falta.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, pidió recientemente la intervención del Defensor del Pueblo, además de trasladar el caso al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa --del que forman parte España y Turquía--, Nils Muiznieks.
También se dirigió al defensor turco a raíz del golpe de estado de julio de 2016 para mostrarle su preocupación por el alcance de las medidas de excepción adoptadas en el momento por el Gobierno turco.
REQUISITO DE DOBLE INCRIMINACIÓN
En un comunicado este jueves, Ribó ha sostenido que la acusación contra él se fundamenta exclusivamente en su actividad como periodista, y ha aducido que el Convenio contra la tortura de 1984 y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos --entre otros instrumentos internacionales-- prohíben la entrega de cualquier persona a un Estado donde pueda sufrir torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
También ha remarcado que, según estos instrumentos, no es procedente la extradición a un país que ha suspendido el Convenio europeo, por lo que no puede garantizar un juicio justo a sus ciudadanos.
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