Las secciones sindicales de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), UGT, CCOO y Acaip han criticado a la dirección del centro penitenciario de Albolote (Granada) porque el pasado viernes día 27 "no permitió a los representantes sindicales acompañar" a los diputados en el Congreso Elvira Ramón (PSOE), Carlos Rojas (PP) y Luis Salvador (C's) en una visita que estos realizaron a la cárcel y que los sindicatos tildan de "sesgada", porque "visitaron los considerados como mejores departamentos de la prisión, dejando al lado los relativos a internos multireincidentes y que son entre sí la noche y el día".
Los delegados sindicales que firman el comunicado critican también que la visita se realizase de forma conjunta "por imperativo de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias" pese a que "fueron pedidas de manera individualizada por las formaciones políticas".
Además, censuran al nuevo subdelegado del Gobierno en Granada, Francisco Fuentes, quien, según indican, "se personó por primera vez en la prisión el jueves 26 de enero obviando e ignorando por completo a los representantes de los trabajadores", apartándose así "del proceder de los anteriores subdelegados que sí mostraron la sensibilidad suficiente en conocer desde el primer momento las inquietudes de los trabajadores penitenciarios".
Respecto al desarrollo de la visita de los diputados, los sindicatos apuntan que "pudieron constatar que en tres de los complejos residenciales había tan sólo tres funcionarios de servicio para atender las necesidades de los internos de dos departamentos, y en el resto cuatro, en vez de los cinco que debería haber tal y como sucede en otras prisiones".
"Y todo ello a pesar de que se reforzó por el director el servicio este día llamando a funcionarios que se encontraban librando", según los sindicatos, que inciden en que "se ha perseguido minimizar de cara a la galería la falta de personal". Además, los diputados "pudieron comprobar la avanzada edad de los trabajadores --media superior a los 53 años-- y el elevado número de internos --cerca de 1.400--, cuando hay prisiones que en igualdad de condiciones tienen 500 reclusos menos".
Añaden que a los representantes políticos tampoco se les mostró "el catastrófico funcionamiento de ciertos sistemas tecnológicos, como puede ser el sistema antiincendios
--con menos de dos años de antigüedad y un elevado precio--, ni de los continuos cortes de luz, u otras anomalías que causan graves problemas en el transcurrir del día a día, tanto para los trabajadores como para los internos".
Así las cosas, los sindicatos concluyen anunciando que, "a pesar de todas estas maniobras y artimañas", van a "seguir denunciando las pésimas condiciones de trabajo en las que estamos sumidos le pese a quien le pese y hasta que se dignifique nuestra labor".
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