La Sala Segunda del alto tribunal indica en un auto que el acuerdo, suscrito entre los miembros del Consejo Europeo y Ankara el pasado 18 de marzo, no constituye un hecho delictivo y añade que sus nueve puntos son respetuosos con los artículos 79 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que acoge las directivas del Consejo de Europa relativas al procedimiento de asilo.
El Supremo da respuesta a la querella presentada por el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, el pasado 7 de abril contra Rajoy por apoyar el acuerdo que tildó de "tratado criminal" y por el que acusaba al líder del PP de delito de lesa humanidad, delito contra la integridad moral, así como delito cometido por los funcionarios públicos contra otros derechos individuales.
Además, precisa que el acuerdo alcanzado por Bruselas "solo puede contemplarse como el desarrollo institucional de los principios de solidaridad y reparto equitativo en una crisis de inmigración masiva provocada por el temor a las represalias de un conflicto bélico", ya que éste "solo pretende la protección de las personas desplazadas y la distribución equitativa y ordenada de los flujos migratorios".
El auto, del que ha sido ponente el magistrado Francisco Monterde, añade que el Acuerdo de Acción conjunta con Turquía, intenta ubicar a los inmigrantes en un espacio en el que, recuperando su condición de personas, se ponga fin a su persecución con pleno respeto a su integridad moral. "Ello no supone un trato degradante ni de menoscabo a su integridad", precisa el escrito.
"REPRESENTA A MUCHA MÁS GENTE DE LO QUE ES IU"
Tras presentar la querella, el líder de IU denunció que lo que se está viviendo en suelo europeo es "gente que viene huyendo de la guerra y del terrorismo", y alertó de "falta de solidaridad" la UE, a la que achacó la construcción de "campos de detención" que "vulneran" los derechos humanos, el derecho internacional y "todo tipo de principios y valores con los que se debería haber construido la unión europea".
Además, Garzón recalcó que la querella registrada en el Supremo representaba "a mucha más gente de lo que es Izquierda Unida y Unidad Popular", que quiere una Unión Europea que "proteja los derechos humanos y no los vulnere" y que "se haga justicia" y el acuerdo sea "rechazado y revertido".
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