El denunciante, John Walker, un jubilado de 66 años, defendía el derecho de su marido a cobrar una pensión anual de 45.000 libras (unos 50.800 euros) al año, la misma que le correspondería si hubiese sido una mujer. La regulación actual sólo contemplaría para él una pensión de unas 1.000 libras anuales.
Una corte inferior rechazó la denuncia esgrimiendo que la reclamación era anterior a la aprobación de las uniones civiles para homosexuales en Reino Unido, pero finalmente el Supremo le ha dado la razón. La Justicia entiende ahora que las exenciones contempladas en una ley de 2010 son "incompatibles" con la normativa de la UE, según BBC.
"Finalmente, esta absurda injusticia ha quedado relegada en los libros de historia y mi marido y yo podemos centrarnos en disfrutar el resto de nuestra vida juntos", ha celebrado Walker. En este sentido, ha llamado al Gobierno a pasar página de una "gran vergüenza" y a entrar "en el siglo XXI".
Un portavoz del Ejecutivo de Theresa May ha afirmado que revisarán las consecuencias de esta sentencia, aunque ha subrayado que los derechos de las parejas homosexuales "se han transformado para mejor desde 2010", cuando se aprobó la Ley de Igualdad.
Durante la vista, se estimaron en 100 millones de libras (113 millones de euros) los costes que tendría para el sector privado aplicar un fallo favorable a Walker de forma retrospectiva. En el sector público, el coste ascendería a los 20 millones de libras (22,5 millones de euros).
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