El TSJ de Madrid suspende de forma cautelar el proceso de adjudicación de la Ciudad de la Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado suspender de forma cautelar la ejecución del procedimiento de adjudicación para la concesión del contrato de obras para la construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia.

Así lo expone en una sentencia la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad de Madrid, a la que ha tenido acceso Europa Press, que estima la solicitud de la Comunidad de Madrid respecto al pronunciamiento emitido el 16 de enero por el Tribunal Administrativo de Contratación Pública.

El Tribunal Administrativo de Contratación Pública declaró nula la orden de la Consejería de Presidencia y Justicia por la que se desistía del procedimiento de adjudicación del contrato para la redacción, ejecución y explotación del proyecto Ciudad de la Justicia.

Así lo detalla este organismo en una resolución tras estimar un recurso interpuesto por Acciona y OHL por la citada orden emitida en noviembre por el Gobierno regional, que dejaba en suspenso el proyecto Ciudad de la Justicia.

La Comunidad de Madrid recurrió esta resolución y ahora el TSJM decreta como medida cautelar suspender el proceso de adjudicación hasta que se resuelva la sentencia sobre el recurso presentado.

La Sala de lo Contencioso considera que la medida cautelar puede aplicarse hasta emitir sentencia sobre el litigio porque "los intereses de las mercantiles codemandadas no prevalecen sobre el interés público". Además, entiende que la situación precontractual, las empresas no están incurriendo en gastos o inversiones que les provoquen "perjuicios de imposible o difícil reparación".

El TSJM argumenta también que suspender de forma cautelar el proceso genera situaciones menos onerosas para la administración y que el sentido del recurso no tendría sentido, pues habría que resolver la nulidad de la adjudicación.

El diario 'El Mundo' adelanta el pronunciamiento del TSJM sobre el proceso de adjudicación que lanzó el Ejecutivo regional cuando estaba presidido por Ignacio González. Se trataba de un proyecto a desarrollar en 30 años con un pago a las adjudicatarias de 45,2 millones al año, lo que equivale a 1.356 millones en total.