El pacto negociado entre el Gobierno turco y los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en marzo de 2016 para contener el paso de inmigrantes irregulares y refugiados a suelo europeo fue definido posteriormente como "declaración", para evitar las implicaciones legales de un acuerdo formal.
En los autos publicados este martes, el Tribunal con sede en Luxemburgo explica que el Consejo ha defendido que las negociaciones en relación a la crisis migratoria no fueron llevadas por la Unión Europea, sino por sus países miembro como "actores de Derecho internacional".
El TUE ve "imprecisiones" en la identificación de los autores de la llamada "Declaración UE-Turquía", pero concluye que el Consejo ha demostrado las diferencias de "protocolo y organización" que marcaron la cumbre formal europea, por un lado, el 16 de marzo del pasado año, y la posterior cumbre internacional de los países de la UE con Turquía, el día 17.
Así, el Tribunal considera que "ni el Consejo Europeo ni ninguna otra institución de la Unión han adoptado" la decisión que dio luz verde al acuerdo migratorio con Ankara, lo que le convierte en un tribunal "no competente" para resolver los recursos presentados por dos nacionales paquistaníes y un afgano.
"Al no existir un acto de una institución de la UE cuya legalidad pueda controlar con arreglo al artículo 263 del Tratado de la UE, el Tribunal General se declarara carente de competencia", ha aclarado.
Aunque se hubiera alcanzado un acuerdo "informal" en la cumbre del 18 de marzo, algo que niegan las instituciones de la UE, tal pacto habría sido alcanzado por los jefes de Estado y de Gobierno de la UE y el Tribunal "no es competente para pronunciarse sobre la legalidad de un acuerdo internacional".
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