Trabajadores del CIOMijas presentan una querella contra cinco responsables de la Junta

Así lo ha asegurado este jueves en rueda de prensa el abogado que dirige la querella, Jordi Ventura, quien ha comparecido en rueda de prensa junto a los trabajadores. El letrado ha indicado que "con la situación que viven los empleados de impago de nóminas desde noviembre de 2014, abandono y obligación de acudir a un centro que no reúne los mínimos requisitos de seguridad y salubridad, entendemos lamentablemente que los hechos superan con creces el tipo penal".

No obstante, ha explicado que a su entender los hechos que se exponen constituyen delitos contra los derechos de los trabajadores "por cuanto existe un evidente abuso sobre la situación", ya que la forma en la que están las instalaciones "suponen un riesgo y un peligro para su integridad física y la vida", con hechos "concretos, como desprendimientos de elementos exteriores e interiores". En este punto, se incide en el impago de las nóminas.

Asimismo, ha indicado que tras analizarse la documentación, podría haber un delito contra la Seguridad Social, ya que "parece ser que por parte del obligado al pago, la empresa, no se han estado abonando las cotizaciones correspondientes". Asimismo, considera que existe una infracción de la Ley Tributaria ya que "las retenciones y la obligación de abonarlas en Hacienda no se habría hecho", aunque por la cuantía no llegaría a ser delito.

La querella, ya presentada, se dirige contra el director General de Formación Profesional para el Empleo, Manuel Jesús García de León, así como contra quien le precedió en el cargo, Carlos Cañabate de León; y también contra el delegado territorial de Empleo, Mariano Ruíz Araujo; su antecesora, Francisca Montiel; y la actual delegada de Educación, Patricia Alba; además de contra la Junta de Andalucía, "en su calidad de responsable civil subsidiaria".

En el documento se alude a la "angustiosa situación" que viven los trabajadores desde noviembre de 2014 hasta la actualidad, lo que "irremediablemente les ha pasado factura", al estar sin percibir ninguna nómina --salvando los pagos del Ayuntamiento--, y teniendo que acudir diariamente a un puesto de trabajo "en el que no hay nada que hacer" y en unas instalaciones "abandonadas, sin limpieza ni mantenimiento".

Juana García, una de las trabajadoras, ha explicado que la querella "no la presentamos porque nos dé la gana, nos han abocado llegados a este extremo, ya no podemos más, ni psicológica, ni física ni económicamente". "Es inhumano tenernos como nos tienen", ha dicho, apuntando, además, "sin saber nuestro futuro", ya que se les ha informado de que se incorporarán al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) una vez se liquide el centro "pero por escrito no tenemos nada".

"Y si hemos tenido que llegar a este extremo, lo hemos pensado mucho, para mi gusto demasiado hemos tardado, se debería haber presentado ya hace tiempo", ha asegurado, insistiendo en que son "cinco familias que no podemos más". Ha apuntado que siguen yendo a su puesto de trabajo "todos los días, sin tener nada que hacer, en un centro que no tiene condiciones de salubridad, porque no queremos perder nuestro empleo", por lo que esperan poder mantenerlo.

Por su parte, el presidente de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) y portavoz de esta formación --marca blanca de Podemos-- en Mijas, Francisco Martínez, que ha acompañado a los trabajadores y al abogado en la rueda de prensa, ha dicho que se llega a esta situación "por culpa de la presidenta andaluza, Susana Díaz, y la paralización de los cursos de formación", recordando que esto afectó "gravemente" a las escuelas de hostelería, incluido al CIOMijas.

Ha recordado que dentro de dos semanas "les cortan la luz" y llevan tiempo sin calefacción ni aire acondicionado, además de "sin seguro y sin actuación de planes de seguridad en el trabajo". "Están abandonados de la mano de Dios y de la Junta, que sigue mintiendo", ha indicado, apuntando que el Ayuntamiento "hace lo que puede".