La concentrados, frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, portaban una pancarta en la que se leía el lema central 'Por unas condiciones dignas del personal penitenciario', acompañado de otras leyendas como 'Stop agresiones' y 'Hartos de la desprotección y de la desidia de la secretaria general'.
Ante de la protesta, el responsable federal de UGT-Prisiones, Antonio González, la secretaria general de CCOO en Instituciones Penitenciarias, Silvia Fernández y el representante de CSIF, Jesús Solano, han "denunciado la crítica situación los empleados públicos de instituciones penitenciarios", puesto que "en todos los centros hay un déficit estructural de recursos humanos alarmante, que en el caso de La Rioja- donde hay 183 funcionarios para 286 internos- hace necesario contar con 41 trabajadores más". Han llegado a cuantificar en más 3.000 las vacantes en prisiones en toda España.
Han apuntado que otros de los problemas "es el envejecimiento de las plantillas, ya que el 60 por ciento de los trabajadores de Logroño tienen más de 51 años, porque pone en peligro el desempeño del servicio público". A ello, han añadido que la prisión, es del año 1985, y aunque ha sufrido remodelaciones "le harían falta unas buenas inversiones para mejorarlas".
Además, han exigido la paralización inmediata de los procesos de privatización en Instituciones Penitenciarias iniciada en la anterior legislatura con "la introducción de personal de empresas privadas de seguridad" para la vigilancia perimetral, y que ha continuado en servicios de cocina, de mantenimiento o de limpieza. En este punto, se ha recordado que el Centro Penitenciario de Logroño sigue siendo un centro piloto del proceso privatizador y, por lo tanto, "el primero en sufrir también sus consecuencias".
La convocatoria anual de concursos y un plan de formación efectivo para todo el personal de IIPP donde se garantice el mérito, la capacidad y la igualdad, así como un "sueldo digno para que todas las trabajadoras y trabajadores penitenciarios, con una subida de los niveles para todo el personal funcionario, equiparable a otros cuerpos de este Ministerio, y su equivalente para el personal laboral", han sido otras peticiones de la Plataforma.
Por último, las organizaciones sindicales han pedido la defensa frente a las agresiones y de la profesionalidad de todo el colectivo penitenciario por parte del Ministerio del Interior, así como el reconocimiento expreso por medio de una norma legal de la condición de "agente de la autoridad" de los trabajadores penitenciarios en el desempeño de sus cometidos.
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