EUROPA PRESS
Para garantizar el cumplimiento de esta normativa, el empresario que desplace a trabajadores a territorio español lo deberá comunicar a la autoridad competente, antes del inicio y con independencia de la duración del trabajo, ha informado este martes el colectivo en un comunicado.
La compañía estará obligada a designar a un representante en España para responder ante las autoridades laborales en caso de incumplimiento de la normativa, que conlleva una sanción recogida en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y la normativa compete a las autoridades laborales españolas a controlar si la compañía foránea es una deslocalización, ha resaltado.
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