Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales dictó 435 resoluciones el pasado año

Desde la creación del órgano extrajudicial en 2012, sólo el 6%

de sus decisiones ha sido impugnado ante la Justicia

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía dictó durante el pasado ejercicio un total de 435 resoluciones de carácter extrajudicial en el ámbito de la contratación pública, lo que supone un incremento del 62 por ciento respecto al año anterior, y de ellas, sólo 25 fueron recurridas.

Así se recoge en la memoria anual de este organismo correspondiente a 2015, que ha sido presentada ante el Consejo de Gobierno por la titular de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero.

El informe también incluye un balance de la actividad desarrollada por el tribunal durante sus cuatro años de funcionamiento, en los que ha dictado 986 resoluciones motivadas por 1.061 recursos. De estas decisiones, 59 fueron recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que representa un seis por ciento. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se ha pronunciado hasta el momento sobre 18 de estas impugnaciones, sin estimar ninguna de ellas.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, en funcionamiento desde 2012, tiene competencia para resolver los recursos especiales en materia de contratación pública, tanto de la Administración General de la Junta y sus entes instrumentales como de las entidades locales y universidades con las que tiene suscrito convenio.

Su actividad permite evitar la judicialización de la mayor parte de los conflictos que se suscitan en este ámbito, con la consiguiente agilización de los procedimientos y la reducción de la carga de trabajo de los tribunales de justicia.

Adscrito a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de carácter especializado y plena independencia funcional, el Tribunal tiene también competencia para resolver los recursos de entidades locales que no cuentan con órganos propios para estas funciones o no las han atribuido a las diputaciones provinciales.

Asimismo, y previa firma de los correspondientes convenios, tiene potestad para asumir los del Parlamento de Andalucía, el Defensor del Pueblo Andaluz, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social, la Cámara de Cuentas, el Consejo Consultivo y las universidades públicas.