El Tribunal Constitucional de Perú (TC) rechazó la solicitud del expresidente Alberto Fujimori de anular su condena de 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, presentada en abril por su abogado, informó a la AFP una fuente vinculada al caso.
De esta forma se cerró la vía legal para que el expresidente Fujimori (1990-2000) pueda pedir la anulación de su sentencia. Su abogado, William Paco Castillo había informado que en caso la resolución no fuera favorable se recurrirá a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La decisión se conoció en momentos que Keiko Fujimori, hija del exmandatario, y Pedro Pablo Kuczynski luchan voto a voto con miras a un balotaje presidencial el 5 de junio.
"Respetamos absolutamente los fallos jurisdiccionales y en este caso respetamos el fallo del Tribunal Constitucional", dijo a la prensa el congresista fujimorista Pedro Spadaro.
La reunión del TC duró unas tres horas y el fallo fue de seis votos a favor y uno en contra del rechazo al hábeas corpus presentado por la defensa de Fujimori. El planteamiento de un nuevo juicio ya había sido rechazado en todas las instancias judiciales.
Paco Castillo, defensor de Fujimori, había pedido al TC que se declare nula y sin efecto legal la sentencia condenatoria porque, dijo, no hubo imparcialidad en el proceso en que se le sentenció.
Durante el proceso del TC, el exmandatario se comunicó por vía telefónica desde la base policial al este de Lima donde está recluido desde 2007, sustentando el por qué recusa la sentencia y al tribunal que lo condenó, en un último intento por salir de prisión.
Fujimori, de 77 años, busca desde 2013 un nuevo juicio al cuestionar la imparcialidad del tribunal que lo procesó así como la tipificación como "crímenes de lesa humanidad" de los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y lesiones graves por los que se le juzgó tras su extradición de Chile. Esa tipificación le impide aplicar a una reducción de sentencia.
Fujimori, que gobernó de 1990 a 2000 y disolvió el Congreso entre 1992-95, fue condenado a 25 años de cárcel como autor intelectual de dos matanzas con 25 víctimas -un menor de ocho años entre ellas- perpetradas por un escuadrón de la muerte del ejército en 1991 (caso La Cantuta) y 1992 (caso Barrios Altos) en el marco de la guerra contra el terrorismo y guerrilla del grupo maoísta Sendero Luminoso.
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