El Tribunal de Cuentas concretará el próximo día 25 de septiembre al expresidente de la Generalitat Artur Mas y los demás investigados por el posible uso de dinero público para la organización del referéndum del 9 de noviembre de 2014 las cantidades que, en su caso, podría solicitarles como fianza una vez finalice la instrucción de esta causa, y que podrían sumar una cifra superior a los cinco millones de euros.
Así lo ha aclarado este miércoles el tribunal en una nota, en la que deja claro que de momento no ha pedido fianza alguna a los investigados. Junto al expresidente catalán el Tribunal de Cuentas también investiga a su exvicepresidenta Joana Ortega, a la exconsejera de Educación Irene Rigau y al exconsejero de Presidencia Francesc Homs.
Además de a estos exaltos cargos el tribunal ha citado para el mismo día y con el mismo fin a otras siete personas, entre los que hay varios funcionarios, que participaron en la organización de los gastos para el referéndum del 9-N: el exsecretario general de la Presidencia de la Generalitat Jordi Vilajoana y Lluis Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana y Jordi Serra i Catalán.
En su nota, el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda, deja claro que estas citaciones "no exigen afianzamiento alguno", sino que tienen por objeto que dichos cargos y funcionarios puedan tener conocimiento de la documentación existente en la instrucción y realizar alegaciones para la tutela efectiva de sus derechos de defensa.
NO TIENEN QUE ACUDIR PERSONALMENTE
Concretamente, lo que se hará el día 25, seis días antes del 1 de octubre, cuando está prevista una nueva consulta independentista, es levantar la denominada acta de liquidación provisional, donde se especificará la cantidad que se pedirá, en su caso, a cada uno de investigados. Los citados no tienen que acudir personalmente, sino que pueden enviar a sus representantes legales.
En el caso de que ese acta sea positiva, una vez finalizada la instrucción y analizadas las alegaciones presentadas, será cuando se exigirá el "depósito y afianzamiento de los daños perjudicados al erario público a los presuntamente responsables".
Todo ello, sin perjuicio de lo que, posteriormente, se decida en el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance, dado que la eventual fianza sólo tiene como objetivo garantizar que los investigados puedan hacer frente a una eventual condena futura.
EL PROCEDIMIENTO "HABITUAL"
El Tribunal de Cuentas ha recalcado que este es el "procedimiento habitual" que se sigue en los casos de alcance o malversación por daño a los fondos públicos, según lo previsto en la Ley de Funcionamiento del Tribunal.
Esta investigación, que el tribunal decidió activar el pasado 19 de julio, tiene su origen en una denuncia fue presentada por Societat Civil Catalana (SCC) y la Asociación de Abogados Catalanes por considerar que, aunque Mas y sus consejeros ya fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional al organizar aquella consulta de 2014, ello no les exime de su responsabilidad contable por el uso irregular de dinero público.
El procedimiento, en el que está personada la Abogacía del Estado, tiene como objetivo contrastar la denuncia de los colectivos catalanes para determinar las responsabilidades contables de Artur Mas y sus consejeros y, en su caso, reclamar su reintegro al Tesoro.
En concreto, los denunciantes individualizaban una serie de gastos públicos por un importe global de más de 5 millones de euros: construcción de una página web institucional (14.837.60 euros); material para la votación (70.532,08 euros); adquisición de ordenadores portátiles para las mesas de votación (828.171,42 euros); póliza aseguradora para voluntarios (1.409,26 euros); apoyo informático a la consulta (1.106.185,77 euros) y envío de información (307.962,71 euros).
Las asociaciones acusaron a Mas y a sus exconsejeros de facilitar la logística y todos los medios los medios materiales y presupuestarios necesarios para la realización de la consulta popular, "por lo que destinaron caudales y efectos públicos puestos a su cargo para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".
También señalaron en su denuncia como objeto de responsabilidad contable el hecho de que los dirigentes denunciados ordenaran a subordinados y entes públicos dependientes, cada uno dentro del ámbito de su ámbito de responsabilidad institucional, "la aplicación económica de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 euros para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de soporte presupuestario por desborde competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional".
INHABILITADOS POR EL SUPREMO
Este procedimiento contable se suma a las condenas de los cuatro políticos catalanes, que ya fueron sentenciados por la vía penal. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a dos años de inhabilitación a Artur Mas y a nueve meses a las consejeras Ortega y Rigau por desobedecer al Tribunal Constitucional con la consulta independentista celebrada el 9 de noviembre de 2014. Por su parte, Francesc Homs fue juzgado por el Tribunal Supremo en calidad de aforado por su condición de diputado e igualmente condenado a un año y un mes de inhabilitación por los mismos hechos.
En su resolución el Tribunal Supremo precisó que limitaba su ámbito de conocimiento a los delitos por los que se le acusaba y no se cuestionaba si la aplicación económica de los fondos públicos tiene relevancia penal. Por ese motivo no entró a valorar si había existido malversación de fondos públicos con la organización de la consulta, que supuso un desembolso para las arcas públicas de 5 millones de euros.
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