El magistrado Luiz Fux ha accedido así a la petición formulada por el procurador general, Rodrigo Janot, en base a la confesión de Silval Barbosa, que ejerció de 'número dos' de Maggi en Matto Grosso entre 2007 y 2010.
Según el acuerdo de delación de Barbosa, Maggi pagaba a los legisladores estatales para que apoyaran su agenda política y usó dinero público para financiar sus campañas electorales.
Además, "la organización criminal, por medio de sus miembros, que trabajaban como agentes políticos o servidores públicos, solicitaba coimas a las empresas contratadas para la ejecución de obras y servicios", ha indicado la Procuraduría General, según informa Agencia Brasil.
Maggi ha negado todas la acusaciones en un comunicado. "Nunca he usado medios ilegales, ni en mi vida pública ni en mis empresas", ha dicho el ministro de Agricultura, que ha logrado juntar una fortuna gracias a la industria de la soja.
Brasil se ha visto sacudido en los últimos años por varios escándalos de corrupción que han salpicado a políticos de todos los partidos y a grandes empresarios. El más importante es el que afecta a la petrolera estatal, cuyas ramificaciones han llegado hasta el Palacio de Planalto.
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