La justicia europea dio la razón este martes al Reino Unido al acordarle el derecho a limitar algunas ayudas sociales a los migrantes europeos, uno de los temas más sensibles en la campaña del referéndum sobre la pertenencia del país a la Unión Europea.
"El Reino Unido puede exigir que los beneficiarios de los complementos familiares y del crédito fiscal por hijo a cargo gocen del derecho de residencia en dicho Estado", señala el tribunal y precisa que aunque se considere este requisito como una "discriminación indirecta", "está justificado por la necesidad de salvaguardar" las arcas públicas.
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