En la misiva, Álvarez expresa su preocupación por la ausencia en el acuerdo de una protección adecuada para los servicios públicos frente a procesos de liberalización y por la "debilidad" de las disposiciones del acuerdo para proteger los derechos laborales.
UGT señala que, como hasta el 19 de julio no se constituirán las nuevas Cortes Generales, la única posibilidad de que España se oponga a la ratificación de este acuerdo en el Consejo Europeo corresponde al Gobierno en funciones. Álvarez pide que se realice una evaluación completa de su impacto en cada Estado miembro de la UE.
El sindicato considera que el Consejo Europeo debería votar sobre el acuerdo por unanimidad, dado que el CETA "corre el riesgo de socavar las responsabilidades de los Estados de la Unión en la organización y gestión de servicios tan fundamentales como la sanidad, la enseñanza, o los servicios sociales".
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