A las 11.00 horas, con motivo de la reunión del Consejo de Gobierno en el edificio Pignatelli, UGT y CSIF han convocado esta concentración para que el Ejecutivo aragonés "se entere de que tiene que cumplir" con los 50.000 trabajadores afectados.
Al mismo tiempo, ambos sindicatos impulsarán una campaña de recogida de firmas para reclamar al Gobierno que cumpla el acuerdo suscrito en noviembre y solicitar a los grupos parlamentarios en las Cortes que "faciliten el cumplimiento de la ley, apoyando las medidas necesarias para posibilitar que los empleados públicos de Aragón recuperen el salario al que tienen derecho", mediante el sistema de anticipos hasta que se disponga de presupuesto para ello.
Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Aragón, Alicia Hernández, momentos antes de asistir, en la sede del sindicato en Zaragoza, a una asamblea de delegados de todos los sectores afectados por la devolución de la paga extra --administración general, sanidad, educación, universidad y justicia--.
Hernández ha recordado que el acuerdo suscrito por UGT y CSIF con el Gobierno aragonés en el pasado mes de noviembre surge para dar cumplimiento al decreto 10/2015 del Gobierno central sobre la devolución de los derechos sustraídos a los empleados públicos en 2012, a través de otro decreto estatal que suspendió la paga extra, congeló los salarios de estos trabajadores "y nos retiraron derechos como los días de antigüedad o los moscosos".
En el decreto 10/2015, el Ministerio de Hacienda fijaba la obligación de restituir sus derechos a estos trabajadores, pero "es verdad que la paga extra la dejaba sujeta a disponibilidad presupuestaria, a través de la Ley de Presupuestos".
NEGOCIACIONES TENSAS
Como esa norma era de obligado cumplimiento, y para poder recuperar la paga extra, "tuvimos que negociar con el Gobierno de Aragón y fueron negociaciones un poquito tensas porque en ningún momento el Ejecutivo planteó la posibilidad de que hubiese presupuesto para devolver la extra, pero la voluntad política sí" de hacerlo sí quedó patente.
Hernández ha apuntado que en estos encuentros CC.OO. y CEMSATSE "se descolgaron" y el acuerdo lo firmaron UGT y CSIF "atendiendo a que existía la posibilidad de devolución de la extra de 2012, del 75 por ciento pendiente que íbamos a cobrar a lo largo de 2016".
Para ello, "se articulaba en la ley de presupuestos dos disposiciones adicionales, la trigésima y la trigésimo primera". La trigésima "hablaba como decía el decreto 10/2015 de que iba a ser sujeto a disponibilidad presupuestaria y la trigésimo primera daba al Gobierno la posibilidad de hacer anticipos a cuenta para ir devolviendo progresivamente hasta que tuviera disponibilidad presupuestaria".
De esta forma, los grupos parlamentarios de las Cortes "decidieron modificar la disposición trigésima haciendo imperativo la obligación de devolverla en 2016", pero "cuál es nuestra sorpresa que hay obligación, pero no presupuesto, lo cual es una incongruencia bastante grande".
Al no disponer de presupuesto, el consejero aragonés de Hacienda, Fernando Gimeno, decidió impulsar una modificación presupuestaria para dar cumplimiento al acuerdo y abonar en marzo el 50 por ciento de la paga extra pendiente.
LOS GRUPOS REVIENTAN EL ACUERDO
Sin embargo, en la Comisión de Hacienda del parlamento, celebrada este lunes, "los grupos de PP y Podemos no apoyaron esa modificación presupuestaria y ahora la Consejería dice que no tiene presupuesto suficiente para hacer efectivo el cumplimiento del acuerdo".
Desde UGT "tenemos clara una cuestión, no vamos a discutir si hay disponibilidad presupuestaria o no, no es de nuestra incumbencia ni es nuestra competencia, es cuestión de sus señorías y los grupos parlamentarios tendrán que dar explicaciones de por qué obligan al Gobierno a pagar y luego no permiten que tenga disponibilidad presupuestaria".
En todo caso, la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos ha observado que se mantiene vigente la disposición trigésimo primera que permite abonar anticipos, por lo que ha insistido en que "vamos a exigir el cumplimiento del acuerdo en todos sus términos, que se aplique y se pague el 50 por ciento de la extra y si tienen que utilizar los anticipos, que lo hagan", ha dicho tajante.
En una reciente reunión con Fernando Gimeno, el consejero les transmitió que "en el presupuesto tiene incorporado el 25 por ciento de la paga, hasta el 50 por ciento que habilite el sistema que la ley le permite hacer anticipos de las pagas correspondientes del resto del año", ha reiterado.
"Hemos firmado un acuerdo y los acuerdos se cumplen, lo que no tiene sentido es que los grupos políticos los revienten", ha alegado Hernández, al apreciar que el Gobierno aragonés tiene voluntad de cumplirlo, pero si no lo hace "tendremos un problema serio".
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