Según dice si durante el registro se encuentra "lo que en la comisión de investigación ya constituye indicios de delito importante, supondrá que podamos librarnos de una carga financiera de 400 millones de euros".
Añade que a ese importe habría que descontarle los 100 millones que ya se han pagado por la infraestructura, por lo que "nos harían poder ser dueños de la desaladora".
Entre los indicios de delito que se han constatado en la comisión, según el parlamentario, cabe destacar el de responsabilidad contable por haber firmado unos contratos "a sabiendas de que son asimétricos y que causan un gran perjuicio a las arcas públicas".
Urbina asegura que se compró una desaladora que costaba 100 millones de euros y que se comprometieron a pagar por ella 600 millones, "esto lleva aparejada esa responsabilidad contable".
Aparte de eso expone que hay cartas de aval que firma el gerente del Ente Público del Agua (EPA) amparado en una reforma de la ley que se hace "ex profeso para que pueda firmarlo".
Dice que esto supone que la Comunidad respalde el aval de una empresa privada a otra empresa privada que es la que puso en marcha la planta y que reciba mediante una carta del EPA un aval público que compromete más de 100 millones de euros "sin pasar por Consejo de Gobierno ni pedir informe a la intervención".
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