VENEZUELA. EXPERTOS DE LA ONU PIDEN EL FIN DE “DETENCIONES SISTEMÁTICAS” DE MANIFESTANTES

El Gobierno de Venezuela debe poner fin a “las detenciones sistemáticas” de los manifestantes y frenar el creciente uso de tribunales militares para juzgar a civiles, según señalaron este viernes cinco expertos en derechos humanos de la ONU.
Los expertos son José Antonio Guevara Bermúdez, presidente-relator del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Annalisa Ciampi, relatora especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Diego García-Sayán, relator especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, y Nils Melzer, relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
En un comunicado conjunto, los expertos independientes indicaron que las autoridades venezolanas también deben respetar los derechos de todos los manifestantes y detenidos, y garantizar su integridad física y psicológica.
“Estamos seriamente preocupados por acusaciones de detenciones arbitrarias y uso excesivo e indiscriminado de la fuerza en el marco de las protestas públicas, así como por el uso de tribunales militares para enjuiciar a civiles”, enfatizaron.
Indicaron que esos actos estarían “en abierta violación al derecho de no ser privado arbitrariamente de la libertad, al debido proceso y a ser juzgado por un juez natural, independiente e imparcial”, y constituirían “graves violaciones a los derechos de libertad de reunión pacífica y de expresión”.
Miles de personas habrían sido privadas de su libertad en Venezuela desde el pasado mes de abril por participar en protestas públicas. En muchos casos, los detenidos han sido sometidos a aislamiento temporal sin tener la posibilidad de comunicarse con sus familiares o abogados, previo a su presentación ante los tribunales. En otros, fueron liberados por decisión discrecional de los cuerpos de seguridad.
“El Gobierno venezolano tiene la obligación de garantizar que los ciudadanos no sean privados arbitrariamente de su libertad o penalizados de ninguna manera por expresarse y protestar pacíficamente. Las protestas no deben ser criminalizadas”, señalaron los expertos, quienes añadieron: “El Gobierno también debe asegurar que los registros de detención sean públicos y estén a disposición de los familiares”.
LÓPEZ Y LEDEZMA
Además, reclamaron a las autoridades venezolanas que pongan “en inmediata libertad” a los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, recientemente enviados a centros de detención tras la revocación de sus arrestos domiciliarios.
Los cinco expertos subrayaron que el creciente uso de los tribunales militares para juzgar a civiles fue “especialmente preocupante”. Al menos 400 manifestantes habrían sido juzgados de esta manera y la gran mayoría habrían sido privados de su libertad bajo acusaciones de delitos previstos en el Código Orgánico de Justicia Militar, como rebelión militar, traición a la patria y ultraje al centinela.
“El uso de la justicia militar penal debe ser estrictamente limitado a casos en los que militares activos cometan delitos militares”, recalcaron, antes de indicar que “los órganos judiciales militares deberían, por principio, ser incompetentes para juzgar a civiles”, por lo que Venezuela debe velar por que los civiles acusados de una infracción penal sean juzgados por tribunales ordinarios.
Los expertos también expresaron su “grave preocupación” por las acusaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza durante las protestas por parte de los agentes de Estado y de los llamados armados ‘colectivos’, que fueron acusados de intimidar, agredir, detener e incluso matar a algunos manifestantes.
En este sentido, recalcaron que muchos de los detenidos han denunciado torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de ser presentados ante los tribunales. “Recordamos al Gobierno venezolano la prohibición absoluta de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Estas normas deben regir la actuación de las fuerzas policiales y militares en todo momento”, comentaron.
Esos cinco expertos en derechos humanos de la ONU aseguraron que han comunicado a las autoridades venezolanas sus oreocupaciones y pidieron aclaraciones sobre la conformidad de determinados hechos con el derecho internacional.