En el desarrollo de este sistema de alertas, la Consejería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación trabaja junto a la Universitat Politécnica de Valencia (UPV) y expertos en sistemas de información como Hervé Falciani o la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar), detalla la Generalitat en un comunicado.
Transparencia, tras aprobar en junio las subvenciones dirigidas a entidades sociales, destina un total de 60.000 euros para desarrollar este tipo de actuaciones. El objetivo es "perseguir la transparencia y la lucha contra la corrupción por cualquier medio", así como desarrollar actividades en materia de buenas prácticas, medidas anticorrupción y antifraude.
Las ayudas se destinan así a actividades sobre desarrollo normativo que den cobertura al uso de tecnologías para la detección y prevención en la lucha contra el fraude y la corrupción en la gestión.
Con estas subvenciones, la Generalitat también pretende fomentar el conocimiento de la legislación actual internacional relacionada con el desarrollo de sistemas y modelos de alertas rápidas para detectar prácticas fraudulentas en la gestión pública.
Por otra parte, las ayudas contemplan las actividades vinculadas al conocimiento de los desarrollos en el ámbito tecnológico. Para ello, la Administración autonómica llevará a cabo reuniones técnicas en vigilancia tecnológica y sistemas automáticos de alertas que puedan ser empleadas en la prevención de la corrupción en la gestión pública y evitar las malas prácticas.
RECOGE PROPUESTAS DE LA CIUDADANÍA
El anteproyecto de ley de Inspección General de Servicios y del Sistema de Alertas para la prevención de malas prácticas ha pasado por la consulta pública previa para recoger las opiniones y propuestas de la ciudadanía y de las organizaciones e instituciones interesadas en realizar aportaciones.
En ese sentido, desde la Generalitat consideran que "para que un sistema de alertas de carácter preventivo sea efectivo, se requiere establecer las relaciones de colaboración con el resto de órganos e instituciones de control".
Ven necesario, por tanto, aprobar una norma con rango de ley que obligue a todos los centros directivos a poner en práctica medidas que faciliten la detección temprana de esas malas prácticas.
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