La consejera ha comparecido este lunes en la comisión parlamentaria que ha tratado este proposición de ley. Ha estado acompañado por varios altos cargos y técnicos de la Consejería, entre ellos la directora gerente del ERA y exconsejera del ramo, Graciela Blanco, la secretaria general técnica de la Consejería, Rosario Canga, y el Letrado del Anciano, Javier Jiménez.
Varela ha recalcado que "la proposición de ley no es la solución, que la solución es lo que se está haciendo en la Consejería, que está estudiando uno a uno todos los expedientes que han dado autorización".
REVISIONES
Según los datos ofrecidos por la consejera, están afectados un total de 3.376 expedientes de usuarios del ERA. No obstante, de ellos solo serían susceptibles de revisión 1.287 correspondientes a personas fallecidas entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010 (fecha en la que comenzó a aplicarse el sistema de copago de la Ley de Dependencia); y los 1.051 de personas fallecidas con posterioridad a esa fecha.
El resto son 585 personas que siguen vivas y a las que se les aplicará el sistema más ventajoso, y otras 453 personas fallecidas para las que aún no se ha iniciado el trámite de liquidación y por lo tanto no se ha cometido ningún error. La previsión de Varela, a preguntas de la diputada de Ciudadanos, Diana Sánchez, es que el proceso se alargue tres o cuatro meses más.
Ha dejado claro la consejera que las revisiones de las liquidaciones se realizarán en base a los datos de la Agencia Tributaria, y teniendo en cuenta el patrimonio de los herederos de los revisados.
La consejera ha defendido la labor del Principado y ha dejado claro que "hay un reconocimiento (por parte de la Administración autonómica) por no haber tratado igual a los ciudadanos". "Se ha tratado desigualmente al que murió antes del decreto (de aplicación de Ley de Dependencia) en comparación con el que estaba vivo", ha añadido. Varela entiende que la ley propuesta "es innecesaria porque el gobierno está dando pasos para cumplir con la moción aprobada en el parlamento" el pasado 4 de marzo. La propuesta reclamaba al Ejecutivo, entre otros aspectos, la paralización de las liquidaciones.
En este sentido, el diputado del PP, Matías Rodríguez Feito, le ha recordado que la señalada moción también incluía la revisión de oficio de todos los expedientes afectados. Rosario Canga ha intervenido en ese momento para explicar que "el procedimiento de la revisión de oficio sería muy gravoso porque la ley prevé audiencia individual e informe individual a cada interesado, y eso siempre alarga más los plazos".
Varela no ha podido ofrecer una cifra estimativa de lo que puede costar a la arcas públicas del conjunto de las devoluciones de todas las devoluciones que se hagan. Lo ha preguntado la diputada de C's Diana Sánchez, quien ha mostrado su preocupación por un posible escenario de "quiebra" del ERA.
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