Ortega Díaz explica en la carta, fechada el 17 de mayo, las razones por las que decidió no participar en la reunión que Jaua convocó para el día siguiente en el Palacio de Miraflores con el propósito de iniciar los contactos sobre la Asamblea Constituyente, cita a la que la oposición y la Conferencia Episcopal también se negaron a asistir.
"Para resolver la crisis indudable y sin precedentes que atraviesa el país, no es necesario, pertinente ni conveniente llevar a cabo una transformación del Estado en los términos que podría suponer una nueva Constitución", reza la misiva, que ha sido filtrada a 'El Nacional' y difundida posteriormente por redes sociales.
La jefa del Ministerio Público sostiene que la Carta Magna vigente, que data de 1999, es "inmejorable", no solo por su contenido, sino porque "contó con un amplio proceso de consultas y participación de variados sectores de la sociedad" y se hizo realidad con dos referendos: el de la convocatoria y el de la aprobación.
Argumenta además que, "en lugar de propiciar equilibrios o generar un clima de paz, aceleraría la crisis, visto además el carácter sectorial o corporativo --de representación indirecta-- que asoma el decreto dictado por el Ejecutivo y que funge las líneas matrices para la elaboración de las bases comiciales".
"La propuesta de una Asamblea Constituyente, lejos de coadyuvar a la ansiada reconciliación nacional" --motivo que ha esgrimido Maduro para convocarla--, "generaría un alto grado de incertidumbre habida cuenta del riesgo y desconfianza que se produciría en los ciudadanos ante una eventual pérdida de las conquistas logradas", afirma.
No obstante, Ortega Díaz se ha ofrecido a ayudar "en la búsqueda de mecanismos que permitan garantizar los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, en una patria libre, soberana e independiente, donde primen la libertad, la igualdad, la justicia y la paz".
Ortega Díaz, que siempre había permanecido al lado del 'chavismo', ha comenzado a cambiar su discurso deslizando en los últimos meses sus primeras críticas al Gobierno de Nicolás Maduro, primero por el fallo del Supremo contra el Parlamento y después por llevar casos civiles a tribunales militares.
CRISIS VENEZOLANA
La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional --controlada por la oposición desde 2016-- y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.
El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en ambas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una "ruptura del orden constitucional" que requiere elecciones anticipadas.
Desde entonces, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) no ha dejado de convocar manifestaciones multitudinarias que han acabado en duros enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hasta ahora, 45 personas han muerto, incluidos adolescentes, y miles han sido detenidas.
Maduro ha convocado una Asamblea Constituyente por considerar que es la única forma de devolver la paz a Venezuela. La MUD, por su parte, ha denunciado que de esta manera el 'chavismo' pretende consumar el "autogolpe" que comenzó con las polémicas sentencias del TSJ.
La Asamblea Constituyente estará formada por 500 "ciudadanos" que serán elegidos en las próximas semanas "a través del voto universal, directo y secreto", de los cuales la mitad, 250, saldrán de sectores de marcado corte oficialista, según ha detallado Maduro.
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