El exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía José Antonio Viera ha declarado este martes como investigado en la pieza separada de los ERE irregulares por las ayudas sociolaborales por valor de 98,1 millones de euros concedidas a Santana Motor y ha asegurado que, en el periodo en que fue consejero, su actuación "fue perfectamente legal", y "con esa convicción dejó" la Consejería.
En relación a la pieza separada por el ERE de Santana, han comparecido este martes ante la juez María Núñez Bolaños siete exaltos cargos de la Junta, como son los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera; el exdirector general del antiguo IFA Juan Carlos Ollero, y el expresidente del IFA Salvador Durbán.
De este modo, todos los exaltos cargos citados han accedido a declarar ante la magistrada con la excepción de Antonio Fernández y de Francisco Javier Guerrero, que se han acogido a su derecho constitucional a no declarar.
En este sentido, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha dicho a los periodistas que esta pieza "está prescrita en lo que afecta a Guerrero", a lo que se suma que "puede haber una nulidad porque todas están piezas las ha mantenido secuestradas la Guardia Civil de alguna manera durante muchísimo tiempo".
PRINCIPIO DE CONTRARIEDAD
Según ha aseverado el letrado, "existe el principio de contrariedad, donde tenemos derecho a participar desde un comienzo cuando hay algo contra alguien, y sin embargo se nos ha privado de esa posibilidad, y por ese motivo nos acogemos al derecho a no declarar", ha puesto de manifiesto.
De su lado, el letrado de Viera, José Manuel Herrera, ha informado a los periodistas de que su patrocinado ha declarado durante una comparecencia en la que "se han hecho preguntas amplias sobre las ayudas", de manera que el exconsejero "ha contestado a todas las preguntas sin ningún tipo de problema".
"Por el contrario, ha contestado exhaustivamente y ha puesto de manifiesto que en el periodo en que fue consejero su actuación fue perfectamente legal, y con esa convicción dejó la Consejería de Empleo", ha indicado el abogado, que ha añadido que su cliente "ha contestado" que "no tenía ninguna información de detalle o asuntos particulares sobre ayudas porque, por otra parte, era imposible dado el volumen y las competencias de gestión que tenían esas ayudas".
SANTANA, "UN PROYECTO ESTRATÉGICO"
El letrado ha afirmado que Santana "era un proyecto estratégico en Andalucía" y ha defendido que "se actuó tratando de resolver un problema que afectaba a miles de trabajadores y siempre en la convicción de que se actuaba aplicando la legalidad vigente en la gestión de todas las ayudas".
"La Junta no podía mirar para otro lado ante una crisis que afectaba a una empresa de miles de trabajadores, y estratégica en una provincia y en una región" como la andaluza, ha finalizado el abogado de Viera.
De su lado, fuentes del caso han informado de que, en su comparecencia, Juan Carlos Ollero Pina, director general del IFA entre 2001 y marzo de 2002, ha dicho que "el problema de Santana lo asumió el Gobierno de la Junta de Andalucía, y directamente el presidente de la Junta", así como que las negociaciones las llevó Empleo con los sindicatos.
Por su parte, y según las mismas fuentes consultadas, Juan Márquez ha declarado ante la juez "que continuó con los pagos tal y como estaban previstos porque no se planteó la ilegalidad de las ayudas".
La juez, que investiga en esta pieza a un total de 17 personas, ha citado a declarar este jueves al resto de encausados, entre ellos seis exdirectivos de Santana y el dueño de dos sociedades mediadoras investigadas en el caso, José González Mata.
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