Villar y su hijo Gorka abonan los 450.000 euros de sus fianzas y salen de prisión

Ángel María Villar, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) suspendido temporalmente y su hijo Gorka han salido de la prisión de Soto del Real (Madrid) tras pagar las fianzas de 300.000 y 150.000 euros, respectivamente, que ayer les impuso el juez del caso Soule, Santiago Pedraz.

Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, ambos depositaron en la mañana del martes las fianzas, lo que les ha permitido salir de prisión horas más tarde, donde ingresaron el 20 de julio, en las próximas horas.

Pedraz también impuso el lunes una fianza de 300.000 euros al presidente económico de la federación, Juan Padrón, quien, según fuentes jurídicas consultadas por Efe, ya ha sido pagada.

El juez Pedraz acordó que podrían salir bajo fianza porque entendió que los investigados ya no pueden obstaculizar la investigación, puesto que se han practicado los registros, ni influir en los testigos, que ya han prestado declaración en sede judicial.El juez les impuso, además, la prohibición de salir de España, la retirada del pasaporte, así como la obligación de estar localizables permanentemente a través de un teléfono móvil.Desviar fondos de la RFEFLos tres implicados en la Operación Soule contra la corrupción en la Federación Española de Fútbol fueron detenidos este 20 de julio, acusados de desviar fondos de la selección. Así, Ángel María Villar habría desviado dinero de partidos de la selección española y lo habría empleado en beneficiar a su hijo Gorka.Además, utilizaron a la selección española, vigente campeona del mundo en ese momento, en beneficio propio. Gorka consiguió que su padre obligara a la empresa organizadora de los partidos de la selección a aceptar a la selección de Corea del Sur como rival de España en un partido amistoso en 2012. La federación de ese país había firmado un contrato con la empresa de Gorka, que cobró por las gestiones con su progenitor 60.500 euros, según el juez Pedraz.Por ello, el magistrado les ha acusado de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares.