El juicio que acoge la Audiencia Nacional contra siete exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por falsear presuntamente las cuentas 2010 y 2011 ha quedado visto para sentencia este jueves tras dos meses de sesiones en los que para el fiscal ha quedado claro que los acusados "hicieron trampas" de manera intencionada para ocultar la verdadera situación de la entidad.
En esta décimo sexta sesión han terminado de exponer sus informes finales la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social del Mediterráneo y el Banco Sabadell en calidad de responsables civiles subsidiarios.
Los acusados no han hecho uso del turno último de palabra que le ha ofrecido la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, a excepción de la exdirectora adjunta Dolores Amorós, que ha asegurado que aunque pudo tomar decisiones equivocadas nunca pensó que estaba cometiendo un delito.
"Seguramente hice cosas mal, no conseguimos a pesar de todo el esfuerzo paliar las circunstancias económicas que se derivaban de la crisis. Seguro que tomé decisiones equivocadas pero nunca pensé que estaba cometiendo un delito. Como prueba de mi compromiso con CAM yo también compré cuotas por más de 60.000 euros y también compré preferentes", ha dicho y ha añadido que creía en la solvencia de la entidad y que es muy duro estar sentada en el banquillo de los acusados.
Por su parte, el letrado de la Fundación de la CAM ha insistido durante su intervención que la caja transmitió todo el negocio financiero al Banco Sabadell, que la adquirió por la cantidad simbólica de un euro y que por tanto la segregación fue "completa". "El producto financiero se traspasa con todo el negocio financiero", ha dicho el abogado que ha insistido en que el único activo líquido que quedó en la CAM fue la cuenta corriente de la obra social.
El letrado se refiere así a la venta de la CAM tras su intervención en julio de 2011 por el Banco de España. Previo al proceso de venta, el supervisor acabó nombrando a administradores provisionales del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que elaboraron unas nuevas cuentas relativas a ese semestre las cuales lejos de presentar los 65 millones de beneficios que recogían las antiguas, arrojaron un saldo de 1.136 millones de euros de pérdidas.
Por su parte, la representación procesal del Banco Sabadell, al que Anticorrupción solicita que responda por la comercialización de cuotas participativas entre marzo y julio de 2011, ha insistido en que este asunto está fuera de la pieza principal que se juzga y que hay otra separada en la que se estudia la venta de este producto financiero.
QUIEBRA DE LA ENTIDAD
El fiscal Anticorrupción, que elevó a definitivas el pasado lunes su petición de penas de prisión de entre diez meses y siete años y medio de cárcel para siete altos cargos de la entidad, recordó en su exposición final que la excúpula tergiversó de manera intencionada los resultados de esos ejercicios mediante la recalificación de créditos fallidos y dudosos a normales y la incorrecta contabilización de las titulizaciones, con los que se aparentó una transferencia de riesgos y beneficios que en realidad no se produjo.
La finalidad de los acusados, según Rodríguez Sol, fue por un lado facilitar la creación del Sistema Institucional de Protección (SIP) integrado inicialmente por la CAM y otras tres cajas para formar el Banco Base (proyecto que no prosperó ante las dudas de solvencia de la caja) y por otro lado atribuirse unos complementos retributivos que no les correspondían. Por estos conceptos la caja acabó abonando indebidamente 20 millones de euros.
Las defensas, por su parte, solicitaron al tribunal de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal la absolución de los acusados, rechazando que abultaran los resultados de 2010 y 2011. También alegaron que el Banco de España estuvo supervisando continuamente a la CAM, que la auditora KPMG dio el visto bueno a las cuentas -si bien esta última respondió que se les ocultó información para realizar la auditoría-- y que renunciaron voluntariamente a los incentivos relativos a 2010. PENAS DE CÁRCEL
El fiscal pide para el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, la exdirectora adjunta Dolores Amorós, el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb y el ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, siete años y medio de cárcel y 180.000 euros de multa para cada uno.
Asimismo reclama una pena de un año y dos meses de prisión y multa de 9.000 euros para el exdirector de Financiación y Gestión de Liquidez Juan Luis Sabater y diez meses de cárcel para el exdirector general de Recursos Vicente Soriano.
En el caso del exdirector de Información Financiera Salvador Ochoa, el fiscal retiró la acusación contra él y abandonó el procedimiento el pasado lunes, mientras que el expresidente Modesto Crespo se sientan en el banquillo de los acusados a petición de la acusación popular.
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