YAKOVLEV. FAMILIARES DE SEIS VÍCTIMAS INSISTEN EN COBRAR LAS INDEMNIZACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN

- Recurren la resolución en que se reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración firmada por Cospedal. Familiares de seis víctimas del Yakovlev-42 han presentado un recurso de reposición contra la resolución firmada por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, en el que se reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración en la gestión del accidente, en el que fallecieron 62 militares españoles cuando regresaban de Afganistán el 26 de mayo de 2003.
Se trata de las seis viudas y los doce huérfanos de los comandantes Felipe Antonio Perla Muedra, José Manuel Ripollés Barros, José Antonio Fernández Martínez, Antonio Novo Ferreiro, el brigada Francisco Moro Aller y el sargento primero José Luis Moreno Murcia.
La resolución dictada por Defensa se conoció después de que Cospedal se comprometiese en el Congreso de los Diputados a reconocer la responsabilidad patrimonial de la Administración por el accidente del Yak-42, aunque solo desde un punto de vista "moral" y de "dignidad" porque económicamente quedaron satisfechas las indemnizaciones.
Los familiares reclaman la nulidad de la resolución firmada por la ministra y que se dicte una nueva estimando las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado, “al no haber sido reparadas las lesiones antijurídicas sufridas”.
Arguyen que el hecho de que existan indemnizaciones asignadas por otras vías, “no excluye el deber resarcitorio de la Administración, cuando ha existido una responsabilidad por un comportamiento que no se ha tenido el deber jurídico de soportar”.
Y considerarlo de otra manera, sostienen, “sólo llevaría a desvirtuar la institución de responsabilidad patrimonial”.
“No tenemos que soportar la resignación al saber que ningún responsable de la tragedia vaya a pagar por no haberla evitado, y que dicha responsabilidad no conlleve un resarcimiento, es decir, que la mayor tragedia del Ejército en tiempo de paz resulte gratuita e impune”, afirman.
EVITAR IR A TRIBUNALES
Por ello, solicitan a la titular de Defensa que evite que tengan que acudir a un “nuevo y penoso proceso judicial Contencioso Administrativo ante la Audiencia Nacional. Esto nos haría revivir la tragedia y seguir instalados en el duelo”.
Los familiares reconsideran la cuantía de la indemnización solicitada en 2004 y que ahora fijan en 50.000 euros por viuda y 25.000 euros por huérfano para que la ministra dé su visto bueno.
Defienden que han obviado los perfiles de carrera de cada uno de los fallecidos realizados por el Ministerio a los pocos meses del accidente. Dependiendo del empleo que en el momento del siniestro tenían, se estimaron cuantías entre 1,1 y 2,1 millones de euros, que podía haber alcanzado cada víctima hasta su jubilación (lucro cesante).
También, dicen, omiten la aplicación del nuevo baremo de accidentes de tráfico, según la cual la indemnización por perjuicio personal básico y perjuicio patrimonial-lucro cesante, incrementaría la cuantía a percibir en función de la edad de la viuda o huérfano, el fallecido, la duración del matrimonio y el ingreso neto.
La aplicación de este baremo supondría entre 460.000 y 570.000 euros por familia, es decir, una minoración de entre 70.000 y 180.000 euros respecto a lo que han percibido.
Ante esta situación, comentan que “el supuesto resarcimiento al cual hace mención la resolución, no se da sobre parámetros cerrados, difiriendo las indemnizaciones en función de los baremos. Por lo que en nuestro caso no existe en absoluto un resarcimiento íntegro del daño como dice Cospedal en la resolución”.
“AGRAVIO COMPARATIVO”
Al mismo tiempo, aducen que se da una situación de “agravio comparativo” con otras situaciones que se dieron en el pasado, poniendo como ejemplo dos casos.
El primero de ellos tiene que ver con el procedimiento civil que se abrió contra la compañía aérea del Yak-42, UM AIR y, su contratista Chapman Freeborn. Ambas fueron condenadas en 2006, a pagar a cada familia alrededor de 200.000 euros. Esta sentencia fue anulada por un defecto de forma. En la segunda sentencia de 2010, el Juzgado condenó a pagar 120.000 euros por fallecido, es decir, una minoración de 80.000 euros.
El segundo de ellos es el incendio forestal que acabó con la vida de 11 trabajadores de la Junta de Castilla-La Mancha en 2005. Las familias cobraron en función de los seguros de vida suscritos, cantidades idénticas a las que pudo cobrar una familia de una víctima del Yak-42, eso sí en ese caso tras cuatro indemnizaciones, y un largo proceso por los Tribunales.
En este caso, también tuvo lugar un proceso de responsabilidad patrimonial contra el Gobierno de Castilla-La Mancha, que no fue reconocido por el Consejo Consultivo, ni por la Consejería del Gobierno de esa comunidad.
Sin embargo, dicen los familiares del Yak-42, “tras el cambio de Gobierno que Cospedal pasó a dirigir, firmó el 9 de mayo de 2013 la Ley 3/2013, de compensación a las víctimas”.
Por último, lamentan que la resolución recurrida haya llegado con 14 años de retraso y más de cuatro años después de la apertura del expediente. “Retraso que debe ser justificado con una resolución favorable”, dicen.
Tras recordar las “decenas de misivas acusándonos de mentir, de estar obsesionados, de inventarnos o seguir noticias sensacionalistas” por parte del Ministerio creen “que todo el daño moral padecido no puede quedar impune, ya que no hemos percibido nada por ello”.