A Rajoy le sale un aliado inesperado: Urkullu evita 'incendiar' la crisis territorial

El intercambio de obsequios fue significativo. De Urkullu a Mas, un grabado del Palacio de Ajuria Enea y un facsímil de la edición del 8 de octubre de 1936 del diario Euzkadi donde se informaba de la constitución del primer Gobierno vasco. De Mas a Urkullu, una publicación sobre el tercer centenario de Cataluña.

El encuentro se produjo el pasado diciembre. Un momento en el que Mas trazaba su hoja de ruta para dar continuidad al proceso soberanista iniciado en la consulta anulada por el Constitucional y días después de conocer que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había admitido a trámite todas las querellas y denuncias presentadas desde que el Constitucional prohibiese la consulta y que luego culminarían en la imputación del president, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Enseñanza Irene Rigau.

Ambos dirigentes mantuvieron un encuentro casi secreto, del que sólo se informó en una escueta nota de prensa, y en el que acordaron trabajar juntos para "hacer frente al proceso recentralizador" del Gobierno central. A la reunión le había precedido otra antes, igualmente discreta y con el mismo mensaje: las dificultades "impuestas" desde el Gobierno central para avanzar en el autogobierno.

El desacuerdo de ambos dirigentes con el Estado suele expresarse en gestos, como la ausencia de ambos en el desfile militar del 12 de octubre, pero entre ellos existe más una vinculación emocional que una coincidencia en los métodos para conseguir los fines. Este miércoles lo reiteró el lehendakari. Urkullu se mostró contrario al camino emprendido por Junts pel Sí y la CUP a través de la declaración unilateral y advirtió de que es "imposible" que Cataluña tenga un Estado propio en un mes: "no se crea un Estado independiente en la UE de la noche a la mañana". Sus declaraciones vienen a aparentar un 'balón de oxígeno' al Gobierno, que ve descartado así un efecto 'contagio' de la crisis catalana.No a consultas en "caja de zapatos"

Si bien el lehendakari suele destacar las semejanzas entre ambos territorios-considera que "cada uno por su camino" llegarán "al mismo destino" y serán "libres"- defiende también que el proceso ha de ser negociado con el Estado. El pasado 27-S, por ejemplo, reivindicó una consulta "legal y pactada" para decidir el futuro de la "nación vasca"- "no a consultas en cajas de zapatos", dijo en un acto en referencia al 9-N- y un reconocimiento de un "nuevo estatus político" para Euskadi.

"Somos una nación. Somos el pueblo vasco. Somos ciudadanos europeos. Con sus libertades y derechos históricos", remarcó entonces. Urkullu basa en su concepto de "nación foral", su propuesta de lograr un nuevo estatus político sobre la base de los derechos históricos de los territorios vascos, "reconocidos en la Constitución y el Estatuto".

Alejado de la vía de su predecesor Juan José Ibarretxe, el modelo para Urkullu es Reino Unido- este miércoles urgió a que el próximo presidente fuese del corte de David Cameron- y el referente, la consulta escocesa. Un plan pactado a varios niveles, en Euskadi, con el Estado y la UE y con efectos jurídicos "desde el reconocimiento mutuo".Trece meses de silencio desde Moncloa

El lehendakari reprocha en cambio la ausencia de diálogo de la administración central. Urkullu marcó hoy la fecha desde la que espera una respuesta de Rajoy: el 15 de septiembre del año pasado. "Hoy es el día en el que no me ha llamado", afeó. Ya a comienzos de año había advertido de que no volvería a pedir más reuniones con el presidente porque, tras cinco encuentros en dos años, no había "avances en nada". Aquel 15 de septiembre fue el último encuentro. En Moncloa, Urkullu trasladó a Rajoy sus propuestas territoriales, económicas y para el final de ETA y Rajoy se comprometió a responderle antes de finales de año.

Pese a la situación de calma aparente, las relaciones entre Madrid y Vitoria son delicadas. El lehendakari descarga también en los Gobiernos centrales y catalanes la responsabilidad de una situación incendiada en Cataluña: en las "promesas incumplidas" del Gobierno tripartito, las recusaciones en el Constitucional o la misma sentencia del tribunal sobre el Estatut y se muestra contrario a la "judicialización" del desafío. Está convencido, además, de que la situación, en Cataluña y en Euskadi, no cambiará mientras no se releve el inquilino de Moncloa. "Con su manera de actuar en política no me gustaría seguir. Me gustaría que quien asuma la presidencia del gobierno tenga un compromiso para el autogobierno del País Vasco y la normalización de la convivencia política", dijo preguntado por la continuidad de Rajoy.

Hace un tiempo, el Gobierno vasco hizo público un informe en el que denunciaba los incumplimientos del Estado con respecto al autogobierno vasco. En él citaban, por ejemplo, la negativa del Ejecutivo a transferir hasta 35 competencias recogidas en el Estatuto, de un total de 144. Las más importantes, sostienen, son las referidas a Prisiones-frenada por la política común sobre los presos de ETA- y de SeguridadSocial, bloqueada por el principio de 'caja única', que lleva al Estado a justificar la gestión centralizada de las cotizaciones. 18 recursos al TC en lo que va de legislatura

En lo que va de legislatura, el Gobierno vasco ha recurrido al Constitucional para frenar 18 decretos y leyes al considerar vulnerada su autonomía. Entre ellas, los presupuestos de 2012 y 2013, el catálogo de líneas férreas de "interés general" y por tanto no transferibles y que, denunciaron, incluye tramos que discurren íntegramente por Euskadi, o la LOMCE, argumentando su carácter "injustificadamente homogeneizador".

El goteo de recursos se mide como un pulso constante entre las administraciones. "De nuevo el Gobierno español se ha extralimitado", dijo Josu Erkorera, portavoz del PNV en la presentación, en mayo, de otro recurso de inconstitucionalidad sobre el Real decreto del Gobierno en el que se contemplan bonificaciones de cuotas sociales para la contratación de inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Erkorera acusó al PP de "invadir ilegítimamente" las competencias en materia de políticas de empleo, y que se encuentran transferidas desde 2010.

El Gobierno vasco ha asumido, no obstante, que la presente legislatura- las elecciones se celebran el próximo año- se cerrará sin acuerdos en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco. Los grupos tienen hasta el 29 de diciembre para trasladar su propuesta para modificar el marco jurídico vigente en Euskadi.

A principios de octubre, PNV y EH Bildu sacaban adelante un texto a pesar del rechazo del resto del Parlamento vasco, en el que se denunciaba la falta de consenso que dio origen al Estatuto de Gernika y se ponía en valor la "propuesta de reforma estatutaria y actualización de la voluntad política", el llamado Plan Ibarretxe. La Cámara declaró al pueblo vasco como sujeto político de derecho con capacidad para decidir su futuro y derecho a ser consultado y a que su voluntad sea respetada.

La ponencia se puso en marcha ya con abundantes desacuerdos, incluso entre PNV y PSE, las formaciones que votaron a favor de su creación y que difieren en la finalidad. Los socialistas niegan cualquier posibilidad de autodeterminación. Bildu es contrario a la ponencia al considerar que la autodeterminación ha de debatirse en el Parlamento vasco.

"No es difícil adivinar que en esta legislatura no va a haber un texto articulado que se tramite en esta Cámara como una reforma concreta del Estatuto que vaya a ser tramitada en las Cortes Generales", aceptó el dirigente peneuvista, Joseba Egibar.

Los populares vascos, por su parte, se han mostrado favorables a modernizar la Constitución y el Estatuto vasco "si se logra la misma base de consenso con la que nacieron" estas normas. Así lo anunció, recién elegido presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, en el 36 aniversario del Estatuto de Gernika, hace unos días. "Lo que nunca podremos poner en riesgo es el enorme capital de consenso que hay detrás de cada uno de estos marcos de entendimiento", advirtió en cambio Alonso.

Este mismo miércoles, Rajoy zanjó el debate sobre la posible supresión del concierto vasco, regido por la Constitución. "Abrir ahora ese debate no aporta nada". Urkullu había advertido a los candidatos nacionales de que se abstengan de promover cambios. Tanto el PP como el PSOE han evitado con ello abrir una nueva crisis territorial. Los socialistas afean a Rajoy que no haya revisado la cuantía vigente.