Abogada de CPI dice que el hijo de Gadafi no tendrá un juicio justo en Libia

La Haya, 6 jul.- La abogada australiana de la Corte Penal Internacional (CPI) Melinda Taylor aseguró hoy que su detención y la de otros tres funcionarios de esa corte, entre ellos el español Esteban Peralta, en Libia, demuestra que Saif el Islam Gadafi no tendrá un juicio justo en Trípoli.

En una rueda de prensa, la abogada, de 36 años, añadió que ha sido tratada "correctamente" durante los 26 días que ha estado detenida en la localidad de Zintan (al sur de Trípoli), donde los milicianos de esa ciudad la detuvieron el pasado 7 de junio y la liberaron el pasado lunes.

La letrada, que forma parte del equipo de asesores de la defensa de oficio que ha asignado la CPI a Saif el Islam, presentará la próxima semana un documento a los jueces con cuestiones relacionadas con un posible juicio justo a El Islam en Libia, un país que contempla por ejemplo la pena de muerte entre sus condenas, según recogió la agencia holandesa ANP.

La delegación de la CPI que fue detenida estaba compuesta, además, por el abogado español Esteban Peralta, que está descansado con su familia en Grecia tras la experiencia del arresto, la intérprete libanesa Helen Asaf y el diplomático ruso Alexander Jodakov.

Los cuatro estaban en comisión de servicios de la CPI para informar a El Islam del derecho a una defensa en el tribunal de La Haya.

Los milicianos de Zintan adujeron que la abogada Taylor y la traductora pusieron en peligro la seguridad nacional Libia al intentar entregar a El Islam una carta codificada de Mohamed Ismail, una de las manos derechas del hijo de Gadafi.

Aunque Peralta y el diplomático ruso no fueron arrestados oficialmente -no hay cargos contra ellos- permanecieron con el resto de la delegación por solidaridad, según fuentes diplomáticas.

Libia, que celebrará las primeras elecciones a la Asamblea Constituyente mañana, 7 de julio, quiere juzgar a El Islam en su propio territorio, para lo cual ha puesto en cuestión la competencia de la CPI para juzgar el caso.

Los magistrados de la CPI son ahora quienes tienen la última palabra sobre donde será juzgado El Islam, al que el tribunal de La Haya acusa de crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos por las fuerzas gadafistas durante las revueltas que estallaron en Libia en febrero de 2011 y culminaron con el linchamiento y muerte del dictador, el 20 de octubre del mismo año.