Washington, 30 ago.- La abogada del expresidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada acusó hoy a la justicia de ese país de estar "politizada" tras la sentencia contra varios exministros y ex jefes militares del segundo Gobierno de ese mandatario imputados por una masacre en 2003.
El Tribunal Supremo de Justicia condenó hoy con penas de tres a quince años a dos exministros y cinco ex jefes militares por su responsabilidad en una matanza tras una revuelta contra un proyecto de exportación de gas hacia EE.UU. por puertos de Chile.
El juicio "demuestra que la justicia boliviana está politizada", lamentó la letrada Ana Reyes en un comunicado, en el que aseguró que "ningún observador objetivo podría tomar en serio las sentencias anunciadas".
La magistrada señaló que tras una investigación exhaustiva en 2004 "una comisión independiente de fiscales no encontró ninguna base para presentar cargos".
No obstante, apunta que el actual presidente, Evo Morales, que forma parte de la demanda colectiva, como demandante quería que se imputaran cargos criminales contra los exministros y cuando asumió su cargo utilizó su poder para continuar con el caso.
"Cuando se convirtió en presidente, Morales nombró a los jueces directamente en lugar de seguir un proceso de nombramiento legal, que habría requerido la aprobación del Congreso. Evidentemente, el poder judicial boliviano se utiliza aquí como una herramienta política", asegura la abogada que subraya que el expresidente Sánchez de Lozada no era parte del proceso que acaba de terminar.
Los exministros de Desarrollo Sostenible Erik Reyes Villa y de Trabajo Adalberto Kuajara fueron condenados a tres años de prisión acusados de complicidad en el delito de "genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".
Los generales Roberto Claros Flores y Juan Veliz Herrera fueron sentenciados a 15 años y seis meses de prisión, el general José Osvaldo Quiroga Mendoza y el almirante Luis Alberto Aranda Granados a 11 años, y el general Gonzalo Alberto Rocabado a diez años.
Todos los exjefes militares fueron sentenciados por el delito "de genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta".
El tribunal determinó que todos cumplan su condena en el penal de Sucre, adonde fueron conducidos hoy tras la lectura de las sentencia.
El conocido como "octubre negro", en el que murieron más de sesenta personas que se alzaron en protesta en las ciudades de La Paz y El Alto que fue reprimida por militares, obligó a Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) a abandonar Bolivia y renunciar a su segundo mandato. Desde entonces reside en Estados Unidos.
La Fiscalía General, que pretendía una condena de 25 años de cárcel, gestiona hace tres años la extradición de Sánchez de Lozada y otros siete exministros que están asilados, refugiados o residen en EE.UU., Perú y España, pero los trámites no han prosperado.
El juicio para ellos quedó en suspenso hasta que se concreten los pedidos de extradición, pues la legislación boliviana no permite los juicios en ausencia.
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