Aunque han pasado diez meses de su primera intervención en el juicio por el caso Bankia, Ignacio Ayala, abogado de Rodrigo Rato, ha apelado a las mismas claves a las que ya se refirió en el arranque del juicio; esto es: el expresidente de la entidad no cometió ningún delito con la salida a bolsa del banco y ello es así porque ni los órganos supervisores ni los reguladores pusieron tacha alguna a la integración de las siete cajas así como al debut bursátil. "En realidad aquí lo que ha existido es una buena praxis bancaria", ha dicho el letrado defensor.
Después de la intervención de la fiscal Anticorrupción del caso, Carmen Launa, ahora le toca el turno a los prestigiosos abogados de la defensa. Ayala ha seguido la línea trazada el pasado miércoles, cuando arrancó su alocución, y ha delegado responsabilidad en el Banco de España, la CNMV y el FROB. "Se han cumplido todos los requerimientos y no se ha incoado un solo expediente sancionador", ha apostillado.
Se refiere a todos los controles que se siguieron desde la mismo proceso de fusión fría en 2010 hasta la nacionalización del banco dos años después. Su alegato confronta la tesis del Ministerio Fiscal el cual, a tenor de las pruebas estudiadas en el plenario, ha incrementado su petición de cárcel para Rato hasta los ocho años y medio. Y esto es así porque no solo le atribuye fraude fiscal sino también falsedad contable. Sin embargo, para Ignacio Ayala el juicio versa sobre si el banco tenía que haber salido a bolsa "lo cual no constituye ningún delito". "No hemos accedido a ningún aspecto de ocultación. No estamos en ningún caso donde se haya descubierto una contabilidad paralela ni paraísos fiscales", ha apostillado.
La sombra de la crisis
De nuevo ha insistido en que los exdirectivos de Bankia que rinden cuentas ante la Justicia se vieron perjudicados por la crisis financiera que azotó el país y ha reprochado a las acusaciones que les responsabilicen de sus efectos cuando ni los organismos internacionales como el FMI supieron calcular las consecuencias de la misma. También ha recordado que su cliente puso sobre la mesa un plan de capitalización de Bankia que finalmente no salió adelante pese a que contó con el respaldo del Banco de España.
"No hay ni existe una sola referencia probada fáctica, documentada, testifical ni de cualquier tipo que indique que el señor Rato ni ningún otro miembro del Consejo de Administración fuera quien decidió cual debía ser la política contable meramente técnica de la entidad", ha alegado Ayala. Al hilo ha explicado que las cuentas anuales eran confeccionadas por órganos técnicos y éstos a su vez supervisados en la comisión de riesgos o incluso de auditoría. "Se hizo tan correctamente que el Banco de España no puso ninguna pega; había inspectores que vivían en la oficina, así que con estas cuestiones es difícil ocultar algo".
De esta forma ha intentado afrontar la acusación que pesa sobre su cliente por delito de falsedad contable. Para ello se ha remitido a la reformulación de las cuentas del ejercicio de 2011 y ha asegurado que ésta se llevó a cabo por decisión de los nuevos gestores y no porque implicara una "ruptura o traición de la imagen fiel de la entidad". Especialmente duro ha sido también con los peritos del Banco de España que valoraron la situación del banco apuntando que se ocultaron deterioros y que los estados se maquillaron. "No dejan de ser juicios de valor por más que se empeñen en revertirlos de hechos", ha dicho al respecto.
Otro de los aspectos al que se ha referido Ayala es el folleto informativo en el que se apoyaron los inversores de salida a bolsa. Anticorrupción mantiene que este documento no recogía los riesgos reales que suponía para los minoristas su participación en la operativa. Al respecto, el letrado de Rato ha apuntando en dirección contraria afirmando que el documento no recogía promesa de pago de beneficios y sí informó de riesgo de pérdidas. "Yo me pregunto. ¿De todo esto, qué es lo que no se entiende? Pero claro, la contradicción sobre la capacidad de entendimiento se pone de manifiesto cuando se determina que las únicas víctimas posibles son el sector minorista y no el sector institucional", ha respondido.
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