Abogados apoyan a la juez del caso Caja Navarra ante posibles presiones

Pamplona, 29 jun.- Un total de 130 abogados del Colegio de Pamplona han suscrito un manifiesto en el que muestran su "total apoyo y solidaridad" a la juez que instruye el caso de las dietas de Caja Navarra, María Paz Benito, "ante determinado tipo de presiones que pueda estar sufriendo al tratarse de un tema tan mediático".

Este grupo de abogados, a cuya firma se ha sumado la de la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Pública de Navarra Inés Olaizola Nogales, se muestran convencidos de que Benito "actuará en todo momento, como en ella es habitual, con total profesionalidad y siguiendo las pautas que le marque su conciencia y su contrastado saber jurídico".

La juez investiga el cobro de dobles y triples dietas en Caja Navarra (CAN) y mantiene imputados al expresidente navarro Miguel Sanz, el alcalde de Pamplona, Enrique Maya, el exconsejero foral de Economía Álvaro Miranda y el exdirector de la entidad Enrique Goñi.

Además, ha remitido la causa al Tribunal Supremo para que valore tomar declaración como imputada a la presidenta foral, Yolanda Barcina, aforada por su cargo.

Ante las informaciones sobre posibles acciones legales de alguno de los imputados en el caso CAN contra la juez instructora, los abogados de Pamplona recuerdan en el manifiesto que, "desgraciadamente", se han vivido "largas épocas en que los casos de corrupción no eran investigados o lo eran deficientemente y con una instrucción a todas luces insuficiente", pero "afortunadamente se están dando pasos importantes en la superación de dicha situación".

En gran medida, señalan, esa situación se está superando "gracias a la labor tenaz y muchas veces difícil de algunos jueces que, en contra de todo protagonismo personal, se han dedicado a hacer su trabajo con la minuciosidad que temas tan complejos exigen", un grupo de jueces en el que sitúan a la magistrada Benito.

Los abogados pamploneses destacan que una de las tácticas más frecuentemente utilizada en casos relacionados con la clase política es "la presión personal contra dichos jueces".

"Lejos de avergonzarse de sus conductas, cuando menos moralmente reprobables, y pedir las correspondientes disculpas, reaccionan con arrogancia, poniendo, además, a estos jueces en su punto de mira, convirtiéndoles de investigadores en investigados y acusados y, por desgracia, con éxito en muchas ocasiones. Y es esto lo que queremos evitar en el presente caso", subrayan.

Todo acusado o imputado, resaltan los abogados, tiene derecho a su defensa y cada parte puede utilizar las armas legales que considere oportunas, pero siempre "respetando la labor de la juez y dejándole trabajar con tranquilidad, máxime en un caso como el presente en que su actuación está siendo impecable".