Asunción, 26 dic.- Los tres abogados de los campesinos paraguayos acusados de cometer una masacre hace dos años, en la que murieron 11 labriegos y 6 policías, presentaron hoy un documento de descargo en respuesta al sumario abierto contra ellos por la Corte Suprema por supuestas irregularidades.
El proceso por esa matanza, que provocó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo, tras un juicio parlamentario, tiene previsto reiniciarse en junio de 2015, después de varios aplazamientos ordenados por el tribunal correspondiente.
El descargo fue entregado en el Palacio de Justicia y refuta las imputaciones del Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema, basadas en "abuso del ejercicio de defensa, mala fe e incidentes dilatorios", declaró a Efe Vicente Morales, uno de los abogados de los campesinos.
Morales señaló que el documento contradice la acusación hecha a los abogados de plantear "innumerables" incidentes como forma de posponer el juicio, y añadió que en ningún momento el sumario cuantifica esas presuntas irregularidades.
En su opinión es además insostenible que la Corte Suprema tramite una acusación de tácticas dilatorias cuando ha sido la Justicia la que ha pospuesto varias veces el juicio contra los campesinos.
Según Morales, ahora corresponde al juez instructor elegido por el Consejo elaborar un dictamen y decidir si se ejercen o no sanciones contra los abogados.
Las sanciones pueden ir desde la suspensión parcial de la profesión, el apercibimiento o la suspensión definitiva, hasta el abandono de la abogacía.
Morales y el resto de defensores han denunciado en repetidas ocasiones que el juicio "se basa en toda una serie de irregularidades procesales, entre ellas, la ocultación de pruebas".
La masacre ocurrió el 15 de junio de 2012, cuando unos 30 campesinos ocuparon unas tierras en Curuguaty (oeste), afirmando que pertenecían al Estado y reclamando su inclusión dentro del reparto del programa de reforma agraria.
La ocupación fue seguida del despliegue de unos 300 agentes de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, tras el cual se produjeron los disparos que causaron las muertes.
Los trece campesinos imputados enfrentan cargos de invasión de inmueble ajeno y asociación criminal, y diez de ellos también afrontan el cargo de intento de homicidio de los policías.
No hay nadie imputado por la muerte de los once labriegos que también perecieron durante los enfrentamientos.
El terreno, unas 2.000 hectáreas, está en litigio entre el Estado y la empresa Campos Morombí, propiedad de la familia del fallecido Blas Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado.
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