París, 15 mar.- Los abogados franceses de Teodoro Nguema Obiang, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, criticaron hoy el proceso judicial emprendido contra éste en Francia por presunto desvío de fondos públicos y avanzaron que estudian elevar el caso a la Justicia internacional.
"Es la primera vez que un país democrático hace penetrar a una treintena de policías en una institución diplomática" extranjera, denunció ante la prensa la letrada que representa a Guinea Ecuatorial ante la Justicia gala, Isabelle Thomas Werner.
La abogada se refería tanto al registro el pasado febrero de un inmueble de 3.600 metros cuadrados en un exclusivo barrio parisino que perteneció al hijo del presidente guineano hasta que se lo vendió a su país, como a la confiscación de "unos 40 millones de euros" en objetos y muebles de lujo que se hallaron en su interior.
Según los abogados de Nguema Obiang, ministro de Agricultura en su país y representante guineano ante la UNESCO, con sede en París, los locales situados en la avenida Foch "pertenecen oficialmente a Guinea Ecuatorial", por lo que gozan de inmunidad diplomática y no pueden ser registrados por la Policía Judicial francesa.
El letrado Olivier Pardo, defensor también de los intereses de Guinea Ecuatorial, denunció que se trata de una "violación cierta del derecho público internacional" porque "atenta contra la soberanía de un Estado".
El edificio, explicaron los abogados, está inscrito como "lugar diplomático" desde el 4 de octubre de 2011. Días antes, la Justicia francesa había confiscado una importante colección de coches de lujo pertenecientes al hijo de Obiang.
El llamado "Teodorín", para distinguirle de su padre, había adquirido el inmueble en 2004 a cinco empresas suizas que pertenecían a "un ciudadano de Arabia Saudí".
Cuando Obiang-hijo lo vendió a su país en 2008, pagó en Francia los impuestos correspondientes por la plusvalía de en torno a un millón de euros que obtuvo en la transacción, agregaron los letrados.
Éstos criticaron además que antes de iniciarse el proceso en Francia, abierto tras la denuncia por presunta malversación de fondos presentada en 2007 por las ONG Transparencia Internacional y SHERPA, no se consultara a la Justicia guineana sobre las presuntas actividades delictivas del hijo de quien preside Guinea desde 1979.
Ese país no reconoce el proceso, agregó la letrada, quien lamentó además que el mismo le esté costando "varios millones de euros" al contribuyente francés.
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