Las defensas de Sandro Rosell y del que fuera su socio Joan Besolí han denunciado en la primera sesión del juicio contra ambos por integrar una presunta red de blanqueo, que la Audiencia Nacional ha puesto en marcha una investigación prospectiva porque "nunca ha buscado la verdad" sino sus "condenas". Al hilo, tampoco han pasado por alto que llevan en prisión provisional desde que en mayo de 2017 arrancó la instrucción de este procedimiento, bautizado como Rimet, para denunciar vulneración de derechos fundamentales.
Pau Molins, letrado que ejerce la defensa del expresidente de Barça, ha expuesto en el marco de esta primera sesión de juicio que está sirviendo para la exposición de las cuestiones previas que, dos de los tres hechos que se le imputan a su cliente ocurrieron en Brasil, y por tanto, la causa, desde el punto de vista territorial, nada tiene que ver con España. Por ese motivo ha asegurado que la Audiencia Nacional carece de competencia para juzgar esta causa.
Por su parte, el letrado Andrés Maluenda, que también ejerce la defensa de Joan Besolí, ha arremetido duramente contra la magistrada que instruyó la causa, Carmen Lamela, y contra los investigadores para exponer que, desde el estallido de la operativa no ha habido diligencias de investigación. Al respecto, ha denunciado una caza de brujas contra los principales acusados en tanto se trata, ha dicho, de una causa prospectiva. "¿Esto es una investigación para acreditar unos hechos o se trata de la investigación sobre la biografía personal de una persona?", se ha cuestionado.
"Con la finalidad de ratificar la jurisdicción de España sobre los hechos que nos ocupan, la Fiscalía ha presentado como una sola unidad lo que son tres operaciones muy distintas y desvinculadas entre sí. Dos de estas han sido íntegramente realizadas fuera del territorio español sin que exista entre ellas ningún punto de conexión con España. En cuanto a la tercera, la única realizada en el país, no habilita en modo alguno la competencia específica de la Audiencia Nacional, debiendo juzgarse pues en los juzgados de Barcelona", ha asegurado el letrado.
Sandro Rosell se enfrenta a una petición de 11 años de prisión y multa de 59 millones de euros por el presunto blanqueo de 19 millones de euros resultado de integrar una red delictiva a través de la cual se apropiaron de manera indebida de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CFB) bajo la presidencia de Ricardo Teixeira. En concreto, se les atribuye el desvío de cantidades resultantes de la firma de ciertos contratos con la CFB relacionados con la compraventa de los derechos audiovisuales de la Selección Nacional de Fútbol de Brasil en favor de la sociedad International Sports Events (ISE).
La Fiscalía les acusa además, por un lado, de valerse de la empresa pantalla Uptrend Developments para el desvío de fondos, y, por otro, de poner en marcha un "complejo" entramado societario con cuentas ubicadas en Andorra (donde ejercía como gestor Besolí) para hacer llegar el dinero a Teixeira. Precisamente, la defensa de Rosell ha expuesto en esta primera sesión de vista oral que renuncian a la testifical del que fuera presidente de la Confederación Brasileña debido a sus problemas de salud.
Por su parte, el fiscal José Javier Polo -que sustituye a la representante del Ministerio Público María Antonia Sanz- ha pedido que se tenga como prueba testifical documentada la declaración que prestó en la causa por videoconferencia el exfutbolista Romario de Souza por su participación, en calidad de senador, en la comisión que se instruyó en dicha cámara de Brasil para investigar presuntas irregularidades en el fútbol de ese país. Igualmente, ha explicado que no se ha propuesto ninguna pericial al entender que las declaraciones que prestarán los agentes de la UDEF a lo largo del procedimiento, son "más que suficientes" para el análisis de la interpretación de los documentos bancarios. Tras la exposición de cuestiones previas, el tribunal que preside la magistrada Concepción Espejel, comenzará este martes los interrogatorios con Sandro Rosell.
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