La Asociación de Abogados del Estado ha hecho público un comunicado este domingo "ante las recientes informaciones publicadas", en las que , el consejo directivo rechaza cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar el ejercicio de las funciones de la Abogacía del Estado.
Aunque no lo digan expresamente, con este comunicado, la Asociación -que asegura que tiene como inscritos a la práctica mayoría de los más de 600 miembros de este cuerpo de élite de funcionarios del Estado- quiere salir al paso de las informaciones que apuntan a su supuesta dependencia del Gobierno a la hora de emitir la alegación que tienen pendiente sobre la inmunidad que el TJUE otorga al eurodiputado condenado y líder de ERC, Oriol Junqueras.
Desde el partido separatista se ha dado gran importancia a la valoración que la Abogacía del Estado haga de esa valoración, por entender que refleja la opinión del Ejecutivo en funciones de Sánchez en plenas negociaciones de gobierno con ERC. El Tribunal Supremo está a la espera de la versión de la Abogacía para emitir un dictamen sobre la situación de Junqueras, a quien el TJUE reconoció la inmunidad desde que fue ratificado, en junio de este año, a pesar de que haya sido condenado a 13 años de cárcel en octubre en el juicio del procés.
Según exponen en la nota, "los Abogados del Estado debemos actuar en nuestros escritos procesales e informes con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos. Somos profesionales del Derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la Ley y al Derecho. Eso es lo que nos une".
Frente a ello y dada la trascendencia de la opinión que van a emitir, sea cual sea después la decisión del Supremo, todo apunta a que el Ejecutivo de Sánchez pretende que la Abogacía haga "un gesto" a ERC que reconozca, de alguna manera, la inmunidad sobrevenida de Junqueras. Es decir, que no solo se limite a declarar que es (o no) favorable a que Junqueras salga de la cárcel a recoger su acta de diputado europeo, como señala el TJUE, sino que opine además sobre el carácter de esa inmunidad y si se podría o no mantener de cara a que el preso pueda salir o dejar la celda de alguna forma para atender su trabajo en el Parlamento Europeo.
Mientras se gestiona esa decisión, para la que la Abogacía tiene de plazo hasta el día 2 de enero del año que viene, se realizan las negociaciones de Gobierno entre Sánchez y ERC, bajo la atenta mirada de sus propios presidentes autonómicos, por un lado, y desde las bases del partido separatista en Cataluña, por otro.
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