Abogados demandarán ante CIDH por estado de excepción en justicia ecuatoriana

Quito, 20 sep.- El Colegio de Abogados de la provincia ecuatoriana de Guayas, cuya capital es Guayaquil, anunció hoy que presentará una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la declaración de estado de excepción en la función judicial ordenada por el Gobierno.

Juan Pérez, presidente del gremio, indicó a periodistas que esa medida es anticonstitucional porque, a su criterio, no se sustenta en las causas señaladas en la Carta Magna para la declaración de un estado de excepción.

Mediante un decreto oficial, el Ejecutivo decidió aplicar la medida excepcional a fin de resolver la "situación crítica por la que atraviesa" la justicia, "garantizar" el acceso a ella por parte de la población y "prevenir una inminente conmoción interna".

"No se ha cumplido con la Constitución, más allá de haber notificado a los organismos internacionales" sobre la medida ordenada el pasado 5 de septiembre por el presidente del país, Rafael Correa, añadió Pérez.

Señaló que la demanda será presentada por Internet, a nombre del gremio, para que sea calificada y señaló que posteriormente acudirá ante la CIDH para solicitar su admisión.

Se busca, dijo, que la demanda "sea admitida a trámite en un tribunal totalmente imparcial, donde (Correa) no tengan amigos para poder gestionar un fallo a favor y para que finalmente llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica", señaló el abogado.

El Gobierno dijo en su momento que la crisis judicial se expresa en más de 1,2 millones de causas detenidas en los tribunales que necesitan atención, lo cual, junto a otras causas, podría generar "una grave conmoción".

La acción gubernamental se sustenta en el referendo del pasado 7 de mayo, cuyo resultado dio la victoria a la iniciativa del Gobierno para transformar el sistema de justicia ecuatoriano.

Con esa prerrogativa también se conformó un Consejo de la Judicatura de Transición que empezó a funcionar en julio pasado y cuyas funciones se extenderán por 18 meses.

Dicho Consejo está integrado por un representante del presidente Correa, una delegada propuesta por la Asamblea Nacional -dominada por el oficialismo- y otro miembro designado por un comité ciudadano de supervisión.

Esa conformación ha generado críticas de la oposición, que teme que con ello el mandatario alcance una excesiva influencia en la justicia, extremo negado por el Gobierno, que aduce su acción al profundo malestar ciudadano en el servicio judicial.