Absuelto el exdiputado del pp santiago cervera, al no quedar probado que chantajeó al presidente de la can

La titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona ha absuelto al exdiputado del PP Santiago Cervera del delito de amenazas que le imputaba el expresidente de Caja Navarra José Antonio Asiáin, al no poderse demostrar que intentó chantajearle.
En la sentencia, la jueza indica que "no existe prueba” de que Cervera fuera el autor de un correo electrónico en el que se chantajeaba al banquero. Eso ocurrió en diciembre de 2012, cuando Asiáin recibió un correo anónimo en el que le pedían 25.000 euros por no desvelar que su despacho había facturado importantes sumas a Caja Navarra.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha difundido la sentencia, en la que se indica que no hay pruebas de que el exdiputado enviara dicho mensaje. Esta sentencia puede ser recurrida ante la Audiencia de Navarra.
El citado correo indicaba a Asiáin que debía depositar el dinero el día 7 de diciembre en una hendidura de la muralla situada en las cercanías del Club de Natación de Pamplona. El banquero denunció los hechos a la Guardia Civil, que organizó un dispositivo de vigilancia para detener a la persona que fuera a recoger el dinero y que resultó ser Cervera.
Tras su apresamiento, el exdiputado dijo no saber nada del supuesto chantaje y aseguró haber sido víctima de un engaño. Insistió en que acudió a ese punto porque había sido citado a través de un mail anónimo.
La sentencia indica que ”en la presente causa no existe prueba directa que permita atribuir al acusado la autoría de los hechos, en concreto no existe prueba de que el acusado remitiera el correo conteniendo el chantaje al denunciante". La jueza recuerda además los informes elaborados por la Guardia Civil, que señalaron que era "imposible afirmar" que los equipos informáticos de Cervera fueran utilizados para la comisión de los hechos.
La investigación policial señalaba que fue imposible acreditar que el correo se envió desde el ordenador de Cervera, puesto que la dirección IP desde la que se mandó está en Hong Kong y no tiene obligación legal de dar información a las autoridades españolas.
Tampoco se encontraron sistemas “sofisticados de borrado”, ni “programas especiales de borrado antiforenses”, por lo que la jueza no encuentra pruebas que respalden la acusación contra el exdiputado.