Audiencia de Castellón

Absueltos de un delito contra el medio ambiente los dos acusados de 'Castor'

La acusación pública solicitaba penas de 6 años de prisión y 15.600 euros de multa para los exdirectivos de la empresa Escal UGS (cuyo principal accionista era ACS), Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau.

El que fuera presidente de Escal UGS, Recaredo del Potro (i), y el consejero delegado, José Luis Martínez Dalmau (c), a su llegada al juicio acusados de delito medioambiental por los 500 seísmos que causó la inyección de gas de su empresa en 2013, en la Audiencia Provincial de Castellón, a 18 de octubre de 2021, en Castellón, Comunidad Valenciana, (España). Las sesiones comienzan este lunes con la declaración de los dos acusados por los hechos que ocurrieron en septiembre de 2013, cuando la inyección de gas bajo tierra en la plataforma Castor frente a la costa valenciana de Vinaròs provocó más de 500 seísmos. La Fiscalía solicita para cada uno de los dos acusados 6 años de prisión, 15.600 euros de multa, y una multa de 189.000 euros a la mercantil. Por otro lado, hasta 123 afectados han reclamado a Escal UGS 1.845.000 euros por daños morales por los temblores registrados.
18 OCTUBRE 2021;CASTELLON;CASTOR;SEISMOS;GAS;INYECCION
Paco Poyato / Europa Press
  (Foto de ARCHIVO)
18/10/2021
Absueltos de un delito contra el medio ambiente a los dos acusados de 'Castor'.
Agencia EFE | Europa Press

La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto a Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, los que fueran en el momento de los hechos directivos de la empresa Escal UGS, adjudicataria del proyecto Castor, del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales del que fueron acusados, así como a la propia mercantil.

Concretamente, la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, absuelve a los dos acusados y a la empresa del delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, con riesgo para la vida e integridad física de las personas, con ocultación de información a la administración y con un grave riesgo de deterioro irreversible o catastrófico por el que venían acusados, sin hacer declaración sobre responsabilidades civiles derivadas del delito, y declara de oficio las costas procesales.

El juicio comenzó el 8 de octubre. La acusación pública solicitaba una petición para cada uno de los dos directivos acusados de 6 años de prisión y 15.600 euros de multa, aunque eliminó en la calificación el riesgo catrastrófico, al considerar que no había quedado acreditado; mientras que las defensan pidieron la libre absolución tanto de los acusados como de la mercantil.

Por su parte, un total de 123 afectados por los terremotos provocados por el proyecto Castor reclamaban a la empresa concesionaria Escal UGS, SL -participada mayoritariamante por ACS- y a los dos directivos un total de 1.845.000 euros por los daños morales producidos por la "ola de pánico" generalizado que se produjo a consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas, según informó el despacho de abogados BCV Lex, que representaba a la asociación de afectados Aplaca.

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