Bilbao, 19 mar.- El Juzgado de lo Penal número 1 de Bilbao ha absuelto a los profesores de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) Xabier Aierdi y Enrique Antolín de la acusación de prevaricación por impartir docencia a los miembros de ETA deportados Belén González Peñalva y Ángel Lete Etzaniz.
En la sentencia fechada ayer y hecha pública hoy, la jueza ha entendido que ambos profesores no cometieron delito al mantener a dos personas deportadas dentro de un listado de alumnos en situación académica especial y que la mayoría eran presos de ETA, ya que esa situación "les vino dada".
La magistrada considera que al no existir entonces una reglamentación sobre estudiantes deportados se aplicó por analogía la "única norma existente en aquella época" sobre alumnos privados de libertad.
Ha destacado que la extensión a los deportados en Cabo Verde y la República Dominicana de ese sistema pensado inicialmente para los presos de la banda internos en centros de España y Francia, se había aplicado con anterioridad a los hechos juzgados, ya que Lete había obtenido en 1992 la licenciatura de Filosofía.
La resolución constata que González Peñalva y Lete se matricularon ese mismo año en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, sin que ningún miembro de la UPV, ni otros profesores, ni dentro de los diferentes equipos decanales, "se cuestionara o suscitara alguna duda sobre la posible irregularidad" de la inclusión de esos dos deportados junto a los presos.
También recuerda que el entonces rector Pello Salaburu dijo en el juicio que él mismo había entendido que se les debía aplicar la misma consideración.
Por todo ello, la magistrada entiende que los dos profesores tuvieron que impartir docencia a los dos deportados una vez aceptada su matrícula y que, dentro del "ámbito de la libertad de cátedra", escogieron el modo de evaluación que consideraron más apropiado que la mayor parte de las veces era por presentación de trabajos.
En este sentido, la jueza coincide con las acusaciones en que esa forma de evaluación "no permitía efectuar un control adecuado" de los alumnos y por ello ha entendido que la propia universidad vasca regulara en 2004 el seguimiento de los estudiantes que no podían acudían a examinarse a los campus de la UPV.
La Fiscalía pedía para los dos acusados ocho años de inhabilitación, mientras que las acusaciones particulares, en representación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Voces contra el Terrorismo, aumentaban la petición a nueve años.
Tras conocer el fallo judicial, la UPV/EHU ha expresado su satisfacción por la absolución y ha subrayado que certifica que la actuación de los dos profesores fue "adecuada" en el desempeño de sus tareas docentes.
El rector, Iñaki Goirizelaia, acudió al juicio como testigo y defendió a los dos profesores asegurando que ambos "tenían la obligación de formarles y evaluarles" y calificó el proceso como "un auténtico disparate".
Aierdi y Antolín recibieron también el respaldo de otros profesores y miembros de la UPV-EHU que rubricaron un manifiesto reclamando su absolución y se concentraron ante el Palacio de Justicia en solidaridad con los acusados.
Este proceso judicial se inició en 2005, ha conllevado la revisión de más de 500 expedientes de presos de ETA que han estudiado en la universidad vasca, e inicialmente había 36 trabajadores de la UPV-EHU imputados por prevaricación y falsedad documental.
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